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México

Senado pide a estados retirar cámaras instaladas por el crimen organizado

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El Senado de la República hizo un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para que identifiquen y retiren equipos de videovigilancia colocados de manera irregular, los cuales, según autoridades, son utilizados por grupos criminales para monitorear a policías y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los legisladores señala que, aunque algunas cámaras podrían haber sido instaladas sin conocimiento de las regulaciones vigentes, existen evidencias de que estos dispositivos han sido aprovechados por la delincuencia organizada como herramienta de control territorial y de inteligencia.

Casos recientes refuerzan la preocupación. En Celaya, Guanajuato, fueron detectadas alrededor de mil 400 cámaras ligadas presuntamente a grupos criminales. En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras con el mismo fin.

También en Chiapas, el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal aseguraron equipos de videograbación, mientras que un día después en Culiacán, Sinaloa, fueron retiradas 64 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado.

La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en la capital permite a las autoridades instalar sistemas de videovigilancia con fines de prevención y combate a delitos. Sin embargo, los grupos criminales han replicado este modelo tecnológico para obtener información estratégica y fortalecer sus operaciones ilegales.

El Senado subrayó que es necesario reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que estas prácticas se extiendan y garantizar que la videovigilancia en el país se utilice únicamente con fines legítimos de seguridad pública.

México

Todos a comparecer ante FGR: Maru y Rocha son citados

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La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en investigaciones distintas relacionadas con señalamientos surgidos en las últimas semanas.

En el caso de Rocha Moya, la comparecencia ocurre tras las acusaciones surgidas en Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales e internacionales, autoridades estadounidenses integraron declaraciones y expedientes donde aparece mencionado el mandatario sinaloense.

La FGR confirmó que Rocha deberá rendir declaración como parte de las investigaciones abiertas en México derivadas de esos señalamientos. El exmandatario estatal ha negado cualquier relación con grupos criminales.

Rocha solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa en medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa el estado tras los recientes enfrentamientos entre grupos criminales.

Por otra parte, Maru Campos confirmó que también fue citada por la FGR para comparecer por el llamado “Caso CIA” en Chihuahua, relacionado con investigaciones sobre presuntas operaciones y actividades de inteligencia en territorio estatal.

Durante declaraciones públicas, la mandataria panista cuestionó el trato de las autoridades federales y preguntó si también se había solicitado la comparecencia de Rocha Moya.

Campos ha señalado que colaborará con las investigaciones federales y negó haber autorizado cualquier operación irregular vinculada con agentes extranjeros en Chihuahua.

Los casos de ambos gobernadores ocurren en medio de un contexto de creciente presión política y de seguridad en distintas entidades del país, así como de investigaciones federales relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Hasta el momento, la FGR no ha informado fechas oficiales para las comparecencias ni detalles adicionales sobre el avance de ambas investigaciones.

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