México
Senado pide a estados retirar cámaras instaladas por el crimen organizado
El Senado de la República hizo un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para que identifiquen y retiren equipos de videovigilancia colocados de manera irregular, los cuales, según autoridades, son utilizados por grupos criminales para monitorear a policías y a organizaciones rivales.
El dictamen aprobado por los legisladores señala que, aunque algunas cámaras podrían haber sido instaladas sin conocimiento de las regulaciones vigentes, existen evidencias de que estos dispositivos han sido aprovechados por la delincuencia organizada como herramienta de control territorial y de inteligencia.
Casos recientes refuerzan la preocupación. En Celaya, Guanajuato, fueron detectadas alrededor de mil 400 cámaras ligadas presuntamente a grupos criminales. En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras con el mismo fin.
También en Chiapas, el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal aseguraron equipos de videograbación, mientras que un día después en Culiacán, Sinaloa, fueron retiradas 64 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado.
La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en la capital permite a las autoridades instalar sistemas de videovigilancia con fines de prevención y combate a delitos. Sin embargo, los grupos criminales han replicado este modelo tecnológico para obtener información estratégica y fortalecer sus operaciones ilegales.
El Senado subrayó que es necesario reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que estas prácticas se extiendan y garantizar que la videovigilancia en el país se utilice únicamente con fines legítimos de seguridad pública.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
