El Senado de la República hizo un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para que identifiquen y retiren equipos de videovigilancia colocados de manera irregular, los cuales, según autoridades, son utilizados por grupos criminales para monitorear a policías y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los legisladores señala que, aunque algunas cámaras podrían haber sido instaladas sin conocimiento de las regulaciones vigentes, existen evidencias de que estos dispositivos han sido aprovechados por la delincuencia organizada como herramienta de control territorial y de inteligencia.

Casos recientes refuerzan la preocupación. En Celaya, Guanajuato, fueron detectadas alrededor de mil 400 cámaras ligadas presuntamente a grupos criminales. En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras con el mismo fin.

También en Chiapas, el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal aseguraron equipos de videograbación, mientras que un día después en Culiacán, Sinaloa, fueron retiradas 64 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado.

La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en la capital permite a las autoridades instalar sistemas de videovigilancia con fines de prevención y combate a delitos. Sin embargo, los grupos criminales han replicado este modelo tecnológico para obtener información estratégica y fortalecer sus operaciones ilegales.

El Senado subrayó que es necesario reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que estas prácticas se extiendan y garantizar que la videovigilancia en el país se utilice únicamente con fines legítimos de seguridad pública.