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Chihuahua

Senadores visitan la Estación Migratoria del INM

Este equipo pluripartidista fue formado en respuesta al siniestro que tuvo lugar en la estación migratoria, con el propósito de analizar los acontecimientos y elaborar un informe detallado.

Asimismo, su objetivo es observar de cerca el fenómeno migratorio en Ciudad Juárez, con la intención de proponer políticas públicas efectivas.

Durante la visita, los legisladores recorrieron las instalaciones ubicadas en la avenida Lerdo y David Herrera Jordán, examinando las condiciones en las que se encuentran. El comandante del Departamento de Bomberos, Sergio Rodríguez, proporcionó un informe minucioso sobre las labores desplegadas el día del incendio.

Rodríguez destacó que el tiempo de respuesta fue de tan solo 4 minutos, participando un total de 25 elementos en las tareas de extinción del fuego y rescate de las personas que aún se encontraban con vida.

Asimismo, explicó que hicieron dos aperturas en las paredes para liberar a aquellos atrapados en el incendio.

Los Senadores se comprometieron a seguir trabajando en conjunto con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los individuos bajo el resguardo en la Estación Migratoria del INM, así como para implementar medidas que prevengan futuros incidentes de esta índole.

Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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