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México

Señalan a Baños de presidir grupo político en el INE

El reparto de comisiones en el Instituto Nacional Electoral reveló una fractura entre sus integrantes. El consejero Roberto Ruiz Saldaña calificó como cínicos y desvergonzados a sus pares, por incumplir acuerdos del 2014 para la rotación de comisiones.

Al presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo acusó de no involucrarse para resolver esa diferencia y acotar al grupo del consejero Marco Antonio Baños, a quien acusó de ejercer funciones “metarreglamentarias y metalegales” en el instituto.

El consejero Roberto Ruiz Saldaña incluso reveló que desde hace algún tiempo, ya no asiste a las reuniones de mesa de consejeros, por no ser tomado en cuenta.

Al pronunciarse sobre un acuerdo para la rotación en comisiones, Ruiz reveló que en el 2014 hubo un acuerdo para que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) fuera renovada en sus cuatro integrantes cada año.

Más aun, el consejero acusó a Marco Antonio Baños de presidir “un grupo político de consejeros” que monopolizan las decisiones en las comisiones.

Ante el señalamiento, el consejero Baños respondió que no es el presidente de facto del INE, ni maneja un grupo de consejeros. Afirmó que desde hace 22 años se le acusa de vínculos con el PRI no comprobados.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que las decisiones de ese órgano electoral son colegiadas por parte de los 11 consejeros, y negó “marginar” al consejero Ruiz Saldaña, pues aseguró que las puertas del Consejo General están abiertas para todos sus integrantes.

Los representantes de Morena y del PRD dijeron que no es con un árbitro electoral “presionado” por un grupo de consejeros como quieren llegar a la elección del 2018.

La consejera Pamela San Martín admitió que hubo un acuerdo para renovar la comisión de vinculación, que será presidida ahora por el consejero Arturo Sánchez e integrada por Marco Baños, Adriana Favela y Ciro Murayama.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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