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México

Señalan a Baños de presidir grupo político en el INE

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El reparto de comisiones en el Instituto Nacional Electoral reveló una fractura entre sus integrantes. El consejero Roberto Ruiz Saldaña calificó como cínicos y desvergonzados a sus pares, por incumplir acuerdos del 2014 para la rotación de comisiones.

Al presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo acusó de no involucrarse para resolver esa diferencia y acotar al grupo del consejero Marco Antonio Baños, a quien acusó de ejercer funciones “metarreglamentarias y metalegales” en el instituto.

El consejero Roberto Ruiz Saldaña incluso reveló que desde hace algún tiempo, ya no asiste a las reuniones de mesa de consejeros, por no ser tomado en cuenta.

Al pronunciarse sobre un acuerdo para la rotación en comisiones, Ruiz reveló que en el 2014 hubo un acuerdo para que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) fuera renovada en sus cuatro integrantes cada año.

Más aun, el consejero acusó a Marco Antonio Baños de presidir “un grupo político de consejeros” que monopolizan las decisiones en las comisiones.

Ante el señalamiento, el consejero Baños respondió que no es el presidente de facto del INE, ni maneja un grupo de consejeros. Afirmó que desde hace 22 años se le acusa de vínculos con el PRI no comprobados.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que las decisiones de ese órgano electoral son colegiadas por parte de los 11 consejeros, y negó “marginar” al consejero Ruiz Saldaña, pues aseguró que las puertas del Consejo General están abiertas para todos sus integrantes.

Los representantes de Morena y del PRD dijeron que no es con un árbitro electoral “presionado” por un grupo de consejeros como quieren llegar a la elección del 2018.

La consejera Pamela San Martín admitió que hubo un acuerdo para renovar la comisión de vinculación, que será presidida ahora por el consejero Arturo Sánchez e integrada por Marco Baños, Adriana Favela y Ciro Murayama.

El Economista

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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