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México

Señalan al AICM como centro operativo del cártel de Sinaloa

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido blanco de investigaciones federales, ante los indicios de que es un centro de operaciones de células del narcotráfico de organizaciones como el cártel de Sinaloa, que han logrado crear una red de corrupción para el arribo de cargamentos de droga, tráfico de personas y lavado de dinero en casas de cambio.

La operación que culminó este lunes con una balacera en la Terminal 2 es otro de los episodios que se han registrado desde 2007, que incluyen el asesinato de un alto mando de la Policía Federal y decapitaciones de presuntos operadores.

Desde noviembre de 2004 la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cuyos elementos están hoy bajo sospecha de pertenecer una vez más a una red de corrupción al servicio de cárteles de la droga que operan en la terminal aérea, alertó que existían “fallas en el sistema de seguridad”, por lo que se comprometió a reforzar la vigilancia, sobre todo en el área de arribos internacionales.

La medida se mantiene y, según un comunicado que emitió anoche la dependencia, en los últimos 18 meses se decomisaron cerca de 300 kilos de droga, relacionados con una red de servidores públicos de diversas dependencias locales y estatales al servicio del narcotráfico.

Detalló que en 2011 entre los principales aseguramientos se detuvo a una persona que trasladaba “en fajas, adheridos al cuerpo, varios paquetes de cocaína con un peso total de 9 kilos 840 gramos procedente de Lima, Perú”; también se localizó cocaína dentro de botellas y ampolletas, así como un traficante que ingirió 102 cápsulas con la misma droga (con más de un kilogramo del alcaloide) que viajaba a España.

En 2012 se incautaron cuatro kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una maleta y fue detenida una mujer que pretendía viajar a Milán, Italia. En el último año y medio, la Policía Federal detuvo en el AICM a 180 personas en flagrancia vinculadas con delitos contra la salud.

Desde 2007 un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi),  alertaba que el AICM era un punto clave para el tráfico aéreo de drogas, ya que en sus instalaciones se encontraron 50% de los estupefacientes asegurados en todas las terminales áreas del país.

En diciembre de ese mismo año cuatro empleados de la empresa Jet Services fueron ejecutados y decapitados en las inmediaciones del aeropuerto y en el Estado de México, presuntamente por estar relacionados con operaciones del narcotráfico.

 

Ligan a director del AICM con el narco


La balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), considerado uno de los sitios más seguros, abrió la cloaca de lo que está por convertirse en un escándalo: una red de tráfico de droga, en la que estaría involucrado el propio director del aeropuerto.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Héctor Velázquez Corona, encargado del AICM, está relacionado con diversos cárteles de la droga.

EU también ubica a la terminal aérea como el corredor más importante del narcotráfico en la capital del país, según el reporte que elaboraron elementos de diversas agencias federales de aquel país, En una nota publicada en un diario de circulación nacional este día, destaca que de acuerdo con el documento, Velázquez Corona además presuntamente facilita a los cárteles la trata de personas, piratería en las zonas de carga y también el mercado negro de turbosina.

«Los únicos casos en los que se hacen detenciones dentro del aeropuerto de la ciudad de México es cuando se trata de narcotraficantes independientes o cuando los cargamentos pertenecen o están en tránsito para ser entregados a organizaciones antagónicas», indica el documento.

Las autoridades estadounidenses tienen testigos protegidos que revelaron que Velázquez Corona ha cobrado por derecho de vía en el tráfico de droga desde Colombia a México, a el Caribe, a Estados Unidos y a Europa.

Asimismo, señalaron que las ejecuciones que se han registrado en los últimos años alrededor de la terminal aérea capitalina han sido porque Velázquez Corona no ha cumplido y en algunos casos han sido víctimas miembros de seguridad y de la Policía Federal.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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