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México

Señalan de nuevo a Ricardo Anaya: notario exige justicia en caso de falsificación de identidad

Salvador Cosío, titular de la Notaría Pública 8 de Zapopan, Jalisco, aseguró que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), es un delincuente que debe de responder por sus actos respecto a un caso de falsificación de identidad.

Me consta que cometió un delito y un delito se vuelve un crimen y eso los comete un delincuente o un criminal, entonces para mí el señor Anaya es un delincuente y debe responder por lo que hizo”, declaró en una entrevista para Sin Embargo con motivo de aclarar un proceso de adquisición de una nave industrial en Querétaro.

El también presidente municipal de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) insistió en el caso contra Anaya Cortés y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se haga cargo del caso. Esto porque supuestamente el militante del blanquiazul presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentos falsos con el sello notarial y la firma de Cosío Gaona; sin embargo, él no reconoce haber notariado dichos oficios.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)

El cínico Ricardo Anaya dice que nunca ha cometido un ilícito: a mi me falsificó firma y sello notarial en documentos que intento usar como certificados y por ello lo denuncié en 2017 ante la entonces PGR”, publicó en redes sociales desde el 24 de julio del 2020, un año antes de que la FGR solicitara la presencia del político en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Dicho señalamiento vuelve a salir a la luz en un momento muy complicado para Ricardo Anaya, pues la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero tiene otro caso abierto contra el panista, motivo por el cual el político salió del país y se presume que está con su familia en Atlanta, Georgia.

El ex contrincante de AMLO en 2018 fue señalado como presunto beneficiario de sobornos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien supuestamente le entregó sumas millonarias de dinero para influir en las reformas incluidas en el llamado Pacto por México, donde se incluía la reforma energética que abría la posibilidad de que los grandes petroleros internacionales pudieran extraer el crudo mexicano.

Sin embargo, el detalle de las declaraciones de Lozoya Austin contra Anaya Cortés tienen algunas inconsistencias en cuanto al tiempo y la ubicación donde se realizaron los sobornos, por lo que el abanderado del blanquiazul aseguró que es inocente de todo cargo.

Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)

Cabe recordar que el pasado miércoles 25 de agosto, día en el que fue citado a comparecer en las instalaciones del Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado defensor de Ricardo Anaya, dijo que se le negó el acceso a la carpeta de investigación, algo que fue condenado por la bancada del PAN en el Senado de la República.

Damián Zepeda, senador por Acción Nacional, informó en una conferencia de prensa que el litigante defensor está teniendo problemas para acceder a la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX0000865/2020, lo cual copta el derecho a una defensa legítima en un proceso penal.

En esa investigación se puntualiza que el monto de sobornos que operó Anaya es de 6.8 millones de pesos, por lo que si se le llega a encontrar culpable de los cargos podría pasar hasta 30 años tras las rejas.

Ante este contexto, Ricardo Anaya aseguró que se trata de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional porque es un sujeto incómodo para la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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