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Señalan de nuevo a Ricardo Anaya: notario exige justicia en caso de falsificación de identidad

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Salvador Cosío, titular de la Notaría Pública 8 de Zapopan, Jalisco, aseguró que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), es un delincuente que debe de responder por sus actos respecto a un caso de falsificación de identidad.

Me consta que cometió un delito y un delito se vuelve un crimen y eso los comete un delincuente o un criminal, entonces para mí el señor Anaya es un delincuente y debe responder por lo que hizo”, declaró en una entrevista para Sin Embargo con motivo de aclarar un proceso de adquisición de una nave industrial en Querétaro.

El también presidente municipal de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) insistió en el caso contra Anaya Cortés y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se haga cargo del caso. Esto porque supuestamente el militante del blanquiazul presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentos falsos con el sello notarial y la firma de Cosío Gaona; sin embargo, él no reconoce haber notariado dichos oficios.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)

El cínico Ricardo Anaya dice que nunca ha cometido un ilícito: a mi me falsificó firma y sello notarial en documentos que intento usar como certificados y por ello lo denuncié en 2017 ante la entonces PGR”, publicó en redes sociales desde el 24 de julio del 2020, un año antes de que la FGR solicitara la presencia del político en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Dicho señalamiento vuelve a salir a la luz en un momento muy complicado para Ricardo Anaya, pues la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero tiene otro caso abierto contra el panista, motivo por el cual el político salió del país y se presume que está con su familia en Atlanta, Georgia.

El ex contrincante de AMLO en 2018 fue señalado como presunto beneficiario de sobornos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien supuestamente le entregó sumas millonarias de dinero para influir en las reformas incluidas en el llamado Pacto por México, donde se incluía la reforma energética que abría la posibilidad de que los grandes petroleros internacionales pudieran extraer el crudo mexicano.

Sin embargo, el detalle de las declaraciones de Lozoya Austin contra Anaya Cortés tienen algunas inconsistencias en cuanto al tiempo y la ubicación donde se realizaron los sobornos, por lo que el abanderado del blanquiazul aseguró que es inocente de todo cargo.

Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)

Cabe recordar que el pasado miércoles 25 de agosto, día en el que fue citado a comparecer en las instalaciones del Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado defensor de Ricardo Anaya, dijo que se le negó el acceso a la carpeta de investigación, algo que fue condenado por la bancada del PAN en el Senado de la República.

Damián Zepeda, senador por Acción Nacional, informó en una conferencia de prensa que el litigante defensor está teniendo problemas para acceder a la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX0000865/2020, lo cual copta el derecho a una defensa legítima en un proceso penal.

En esa investigación se puntualiza que el monto de sobornos que operó Anaya es de 6.8 millones de pesos, por lo que si se le llega a encontrar culpable de los cargos podría pasar hasta 30 años tras las rejas.

Ante este contexto, Ricardo Anaya aseguró que se trata de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional porque es un sujeto incómodo para la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

México

Suprema Corte devuelve camionetas tras críticas por su alto costo

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas para sus integrantes y que iniciará el procedimiento para su devolución, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y su contraste con los llamados a la austeridad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el máximo tribunal del país señaló que los nueve ministros que lo integran acordaron renunciar a los vehículos y solicitar que se active el proceso correspondiente para regresarlos. En el mismo pronunciamiento, se indicó que, de no ser posible la devolución, las unidades podrían ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable.

La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y con el trabajo permanente para lograr una justicia real y efectiva. Además, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, para ampliar la información relacionada con esta decisión.

El anuncio se da después de la controversia provocada por la compra de camionetas de la marca Jeep destinadas a los nuevos integrantes del máximo tribunal, electos por voto popular en junio de 2025. Cada unidad fue valuada en aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas adicionales de protección como el blindaje.

Ante los señalamientos de que la adquisición contradecía el discurso de austeridad del propio Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que la compra de camionetas de seguridad representó un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. Explicó que la decisión se relacionó con el cambio de un esquema de renta a la compra directa de las unidades, lo que permitió reducir el gasto.

Por su parte, la Suprema Corte sostuvo previamente que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales determinaron que los vehículos en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad. Aseguró que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales.

El tribunal también indicó que la renovación del parque vehicular se realizó con apego a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de unidades cada cuatro años o antes si las condiciones lo requieren, y que el proceso se llevó a cabo junto con una reducción general del número de vehículos para evitar un gasto adicional.

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