Las asistencias y faltas de los profesores se registran a mano en un libro todos los días. Cada director tiene entre sus funciones revisar ese libro de registro de los docentes.
Sin embargo, es hasta fin de mes cuando el director hace un reporte al respecto en computadora y se lo entrega al supervisor escolar, quien atiende entre 20 y 70 planteles.
De ahí, todavía pasa por dos manos más: el jefe de sector, a quien el supervisor le entrega su informe, y el director de personal, quien finalmente registra las asistencias y faltas en el sistema de gestión escolar.
Docentes que no asisten a clases reciben los descuentos hasta dos meses después de su falta. Algunos no se presentan a las aulas por participar en protestas en distintas partes del País.
Foto: Archivo / Reforma
Una vez que el supervisor tiene todas las incidencias de personal de las escuelas, elabora otro reporte, Incidencias de Personal por Escuelas, el cual hace en computadora, imprime y entrega en la dirección de secundarias, se hace el mismo procesos, y lo manda al departamento de personal de la Secretaría.
Este largo camino burocrático se realiza no sólo a mano, sino que la entrega física de los oficios correspondientes también debe hacerse en persona, pues requiere de la firma de recibido del superior jerárquico y el sello.
Los supervisores se trasladan con sus propios recursos a las escuelas y, en ocasiones, sólo pueden asistir a los planteles una vez al mes, pues ésta es sólo una de las decenas de actividades administrativas que les exige el sistema.
José Ángel Pescador, ex Secretario de Educación Pública, aseguró que desde que él fue director de primaria, en 1965, la asistencia de los maestros se registra a mano en un cuaderno.
«Todo se hacía a mano, desde la asistencia de los alumnos, los reportes a la autoridad educativa, hasta las inasistencias de los maestros.
«El registro se llevaba a mano, se hacía en cuadernos, y luego las inasistencias se vaciaban a los oficios a mano porque no había computadoras», expresó.
En la actualidad, algunos tramos del proceso se hacen en forma computarizada.
«La SEP nos pide el reporte de las incidencias del personal cada mes; tengo que reportarlo en los cinco primeros días del mes siguiente, porque los maestros que faltaron tienen un mes para presentar la justificación de la falta.
«El director tiene la obligación de solicitar por escrito al maestro la justificación de su inasistencia», explicó José Fernando Torres supervisor en Sinaloa.
Explicó que la única forma de justificar una inasistencia es con una incapacidad médica del ISSSTE, o una comisión de la Secretaría de Educación.
También, señaló, por costumbre algunos maestros pueden presentar un justificante del Sindicato.
Este largo camino burocrático abre la puerta a darles la vuelta a las faltas, aseveraron a REFORMA directores, supervisores y maestros.
«Si un director te quiere ayudar, no registra la falta», afirmó la profesora Magdalena Pulido, de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en Orizaba, Veracruz.
Pulido se precia de ser una de las muchas maestras que no faltan a la escuela.
«Creo que habré faltado como 10 veces en toda mi carrera, llevo 25 años de dar clases y no lo hago porque faltar un día a clases pone de cabeza no sólo al director, sino a tus alumnos que se pierden, luego les cuesta agarrar de nuevo el ritmo o se distraen porque no le entendieron al maestro que te suplió o de plano hay que repasar todo de nuevo, en fin, para mí no es una opción», expresó.
El director Javier Delgado, de la secundaria Constitución de 1917 de Puebla, contó que cuando un docente falta, busca entender las razones de dicha ausencia.
«Muchas veces nos avisan que no podrán asistir a la escuela y uno conoce al maestro: si verdaderamente sabemos que es muy trabajador, pues se la perdonamos; si no, pues sí le contamos la falta».
No todos avisan, aclaró.
«Algunos no avisan, pero uno conoce a los maestros y ya sabe».
Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, hace dos semanas faltó a clases porque decidió unirse a la protesta nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma educativa.
«Aquí está todo más controlado y tecnificado. Un día antes de la marcha (del 24 de junio) de la dirección operativa nos mandan a los directores un oficio por correo electrónico para que informemos sobre la inasistencia del personal.
«En este caso supieron el mismo día en que faltamos y el descuento tardará una quincena a lo mucho», explicó.
Dijo que desde el ciclo escolar pasado las incidencias de personal se registran por computadora.
En Coahuila, comentó el supervisor José Manuel Gutiérrez, prácticamente no se registran faltas porque al final del año los maestros tienen una prestación, el bono de 10 días de salario por puntualidad y asistencia.
En febrero de este año, dijo, comenzó a operar un nuevo sistema informático para el registro de incidencias de personal, que tiene que hacer el director del plantel; pero las asistencias de los maestros siguen registrándose a mano en la libreta.
Para Gutiérrez debería buscarse otro procedimiento para el registro de asistencias de personal en las escuelas.
«Un procedimiento que digitalice la entrada y la salida del personal, con un sistema de cómputo, pero no se ha modificado; salvo porque en febrero los directores tienen que registrar en un sistema las incidencias de personal», expresó.
El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.
El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.
En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.
Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.