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México

Septiembre decisivo: Reformas Judiciales de AMLO se votarán en el Congreso

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció en una conferencia de prensa que las reformas constitucionales impulsadas por AMLO están listas para su votación en septiembre. Estas reformas, presentadas en febrero, abarcan una amplia gama de temas que van desde la reestructuración del Poder Judicial hasta la posible eliminación de órganos autónomos. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya está trabajando en los dictámenes necesarios para cada una de estas propuestas, preparándose para un mes de debates intensos y decisiones cruciales.

Dentro del paquete de 18 reformas, destacan la Reforma Judicial y la Reforma Militar, que prometen generar un debate en el Congreso. La Reforma Judicial busca hacer el sistema más accesible y eficiente, con una propuesta, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular. Esta medida pretende democratizar el Poder Judicial, pero también ha generado controversia por el riesgo de politizar las decisiones judiciales.

Por su parte, la Reforma Militar propone redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, ampliando su participación en tareas de seguridad ciudadana y trasladando el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta propuesta ha suscitado preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública, un tema que ha sido objeto de intenso debate en los últimos años.

Otra reforma destacada es la Reforma Electoral, que propone cambios significativos en la organización y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las propuestas se incluye que los consejeros sean elegidos por voto popular y la reducción de legisladores plurinominales. Esta reforma busca hacer más representativa la elección de los consejeros, pero también plantea dudas sobre su viabilidad y el impacto en la independencia del INE.

Una de las reformas más polémicas es la propuesta de eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Críticos de esta medida argumentan que podría representar un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información, debilitando los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno.

El paquete de reformas de AMLO no se limita a cambios judiciales y militares. Incluye una serie de medidas diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente. Algunas de las propuestas más notables incluyen:

  1. Reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos: Esta reforma busca garantizar los derechos y el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas, promoviendo la inclusión y el respeto a su cultura y tradiciones.
  2. Pensión para adultos mayores y atención a personas con discapacidad: Se propone garantizar una pensión digna para los adultos mayores, incrementándose anualmente, así como asegurar la atención integral y gratuita para personas con discapacidad.
  3. Becas para estudiantes de bajos recursos: Esta medida busca apoyar a estudiantes en todos los niveles escolares, brindando becas que les permitan continuar su educación y mejorar sus oportunidades futuras.
  4. Atención médica integral y gratuita: Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud de calidad sin costo, promoviendo una cobertura universal y equitativa.
  5. Vivienda para trabajadores: Se propone garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los trabajadores, promoviendo políticas que faciliten el acceso a créditos y subsidios para la compra de viviendas.
  6. Prohibición del maltrato animal: Una medida que busca establecer leyes más estrictas contra el maltrato y abuso de animales, promoviendo una cultura de respeto y protección hacia ellos.
  7. Prohibición del fracking y minería a cielo abierto: Esta reforma pretende proteger el medio ambiente prohibiendo prácticas como el fracking y la minería a cielo abierto, que tienen un impacto negativo en los recursos naturales y la salud de las comunidades.
  8. Respetar zonas con escasez de agua: Garantizar que las concesiones de agua se otorguen prioritariamente para uso doméstico en zonas con escasez, protegiendo así los recursos hídricos para las comunidades locales.
  9. Prohibición del comercio de vapeadores y drogas químicas: Una medida enfocada en proteger la salud pública al prohibir la venta de vapeadores y sustancias químicas peligrosas como el fentanilo.
  10. Aumento del salario mínimo: Se propone incrementar el salario mínimo por encima de la inflación anual, mejorando así el poder adquisitivo de los trabajadores y reduciendo la brecha de desigualdad.
  11. Salario mínimo para trabajadores del gobierno: Garantizar que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos y otros trabajadores del gobierno no sea menor al de los trabajadores inscritos al seguro social.
  12. Reformas a las pensiones: Revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007, buscando mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores.
  13. Derecho a la educación y al trabajo: Garantizar estos derechos fundamentales, promoviendo políticas que faciliten el acceso a la educación y al empleo para todos los ciudadanos.
  14. Seguro para campesinos y apoyo a la producción: Brindar seguros a los campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción agrícola.
  15. Uso de vías férreas para trenes de pasajeros: Utilizar los 18,000 kilómetros de vías férreas para desarrollar un sistema de trenes de pasajeros, mejorando la movilidad y conectividad en el país.
  16. Devolver a la CFE su carácter de empresa pública estratégica: Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una entidad pública estratégica, garantizando su papel central en la generación y distribución de energía.
  17. Reducción de gastos electorales y legisladores: Disminuir el número de senadores a 64 y de diputados a 300, así como reducir los requisitos de participación para que las consultas populares sean vinculantes.
  18. Elección de jueces por voto popular: Una medida que busca democratizar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, haciéndolo más transparente y accesible.
  19. Integración de la Guardia Nacional a la Sedena: Establecer la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar la corrupción y mejorar la coordinación en temas de seguridad.
  20. Sueldo de servidores públicos: Establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, promoviendo la austeridad y transparencia en el gasto público.

El paquete de reformas propuesto por AMLO representa una visión ambiciosa de cambio para México. Desde la reestructuración del sistema judicial hasta la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de los derechos sociales, estas propuestas tienen el potencial de transformar el país en múltiples frentes.

Sin embargo, el éxito de estas reformas dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno y de los legisladores para trabajar en conjunto, negociar con la oposición y escuchar las voces de la sociedad civil. La participación ciudadana y el debate abierto serán esenciales para asegurar que las reformas respondan a las necesidades y aspiraciones de todos los mexicanos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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