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México

Sequía descubre una iglesia que permaneció 40 años bajo el agua

Una iglesia en Guanajuato sobrevive entre el agua y los peces como único testigo de un pueblo que fue inundado hace más de 40 años y que ahora, a raíz de las sequías que afectan al país, ha quedado de nuevo al descubierto.

Es el Templo de la Virgen de los Dolores, cuya edificación data de mediados del siglo XIX, aunque hay fuentes documentales que sitúan su nacimiento en el siglo XVIII.

El recinto católico, que combina los estilos neoclásico y barroco, era el corazón de la comunidad del Zangarro, relevante desde la época virreinal porque ahí se situaban oficinas del registro civil y la vicaría de la entonces conocida como Villa Real de Mina de Guanajuato.

“Era concurrido el lugar, la parroquia, porque ahí se encontraba el registro civil y la vicaría, tenía el permiso para realizar ese tipo de trámites, por eso era un lugar muy importante”, explicó en entrevista Dulce María Vázquez, directora del Archivo Municipal de la ciudad de Irapuat.

Sin embargo, la historia de la comunidad llegaría a su fin con un decreto presidencial firmado en 1979 por el entonces presidente de México, José López Portillo.

En temporadas de calor y sequía, los niveles de agua bajan tanto que se puede acceder a la iglesia sin necesidad de abordar uno de los pequeños botes que deambulan en la presa. (EFE)
El mandatario ordenó que en las 1.200 hectáreas que abarcaba el poblado se construyera una presa, hoy conocida como presa de La Purísima.

La indicación obedeció a que seis años antes, un sábado 18 de agosto, Irapuato fue inundado por completo tras el desborde de la presa El Conejo.

“Cuenta la historia que les costó mucho irse del lugar, más que por las construcciones, por el sentido de pertenencia al lugar. (…) Unos cuantos se resistieron hasta que vieron que ya era una realidad que el agua llegaría para cubrir todo el poblado”, relata Dulce Vázquez.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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