La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que llegará a un buen acuerdocon su homólogo estadounidense, Donald Trump, por lo que, prevé, la imposición de aranceles de 25% a productos mexicanos quedará pausada de manera definitiva. No obstante, la mandataria hizo un llamado a no generar especulaciones sobre el tema y manifestó que su administración seguirá trabajando en mesas de diálogo que resulten benéficas para México.
“Están pausados (los aranceles). Sobre lo que va a pasar dentro de un mes: confiamos en que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que el tema de los aranceles ahí va a quedar (suspendido). Ahora sí que, como dice el presidente Trump, pausado permanentemente”, manifestó en ‘La Mañanera’ de este miércoles, desde Querétaro.
Estas declaraciones se dan en un contexto en el que la presidenta consiguió un plazo de un mes para llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense respecto a la amenaza arancelaria que Trump había lanzado sobre México, prevista para entrar en vigor este martes 4 de febrero.
Durante este tiempo, el gobierno de México y Donald Trump, junto con su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del Comercio, Howard Lutnik, sostendrán mesas de diálogo y tratarán de llegar a acuerdos que beneficien a ambos países.
¿Por qué Trump preveía aranceles contra productos mexicanos?
Cuando aún era presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump encendió las alarmas mundiales al anunciar que en su primer día de mandato impondría aranceles a México, Canadá y China, medida que se llevaría a cabo para frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas. Con este discurso, el magnate ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre en ese país.
Así, Trump llegó a la Casa Blanca el lunes 20 de enero y juró como presidente número 47 de Estados Unidos, en una vuelta al poder que puso en alerta a las personas en situación de movilidad, a quienes anteriormente había amenazado con deportaciones masivas.
En su primer día de mandato, Trump firmó una avalancha de órdenes ejecutivas, entre ellas, declarar emergencia nacional en la frontera con México para que sea el gobierno de Claudia Sheinbaum quien tome el control de la “invasión de inmigrantes indocumentados”. También se firmó un decreto para imponer aranceles generalizados a sus tres mayores socios comerciales, lo que podría desencadenar unaguerra comercial en la región norteamérica.
Cuenta regresiva
El jueves 30 de enero, el mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva sobre los aranceles del 25% que su gobierno impondría a México a partir del sábado 1 de febrero, debido al tráfico de fentanilo y a la migración irregular. Cuando llegó ese primer día de febrero, Trump acusó al gobierno mexicano de tener una “alianza con los cárteles del narcotráfico” y mantuvo firme su compromiso de exigir los gravámenes hasta que el país cooperara en la lucha contra las drogas.
Su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó estas declaraciones a través de una publicación en X, en la que se lee: “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”.
Suspensión temporal: un mes para negociar
A pesar de las crecientes tensiones, Sheinbaum siempre llamó a la calma y señaló que México no busca confrontación, sino un trabajo conjunto de manera integral “bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no”.
El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.
El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.
En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.
Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.