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México

Sheinbaum pide a gobernadores que asuman su responsabilidad en seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lideró la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero. 

Este evento reunió a 30 gobernadores, incluidos mandatarios de oposición, y al gabinete de seguridad federal. Los ausentes fueron Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, y Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala.

En su discurso, Sheinbaum subrayó la necesidad de trabajar en unidad más allá de divisiones políticas, afirmando que “no hay divisionismo ni politiquería que valga cuando se trata de la seguridad”.

Hizo un llamado enfático a los gobernadores a asumir la responsabilidad directa en sus estados, atendiendo personalmente los gabinetes de seguridad y asegurándose de judicializar las carpetas de investigación mediante una mayor colaboración con el Ministerio Público. “Ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota; donde no, siempre hay problemas”, afirmó.

Sheinbaum destacó la reforma al artículo 21 de la Constitución, que asigna al Centro Nacional de Inteligencia un rol clave en la seguridad pública, con un enfoque en judicializar las investigaciones y reducir la impunidad.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, también intervino en el consejo y destacó el despliegue de las Brigadas de Paz, diseñadas para atender las causas estructurales de la violencia, especialmente entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas de alta incidencia delictiva.

Estas brigadas han sido implementadas en estados como Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Baja California y el Estado de México. “No venimos a ganar la guerra; venimos a construir la paz”, enfatizó Rodríguez, al tiempo que instó a los mandatarios estatales y sectores sociales a sumarse a esta estrategia integral de pacificación.

La sesión también incluyó cifras alarmantes presentadas por Marcela Figueroa, titular del SESNSP, quien señaló que siete estados concentran el 49.6% de los homicidios dolosos del país, resaltando la urgencia de un enfoque coordinado y eficaz.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó los avances en la estrategia nacional, incluyendo la captura de objetivos prioritarios y el aseguramiento de más de 58 toneladas de drogas en los últimos meses. No obstante, reconoció que pacificar al país sigue siendo un desafío complejo que requiere un esfuerzo conjunto y sostenido.

Mientras tanto, en las afueras del evento, grupos de manifestantes exigieron atención a diversos temas, como la crisis de desapariciones y la reconstrucción tras el huracán John. El colectivo Memoria, Verdad y Justicia denunció que más de 120,000 personas están desaparecidas en el país, mientras damnificados criticaron la falta de respuesta gubernamental para reconstruir sus hogares.

La sesión concluyó con el compromiso de Sheinbaum de trabajar coordinadamente con los estados y todos los niveles de gobierno para implementar políticas que promuevan la paz. “Es un respetuoso consejo de una abuelita presidenta de la República: la coordinación no se puede dar si no está la cabeza. Caminen juntos en este proceso”, finalizó Sheinbaum.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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