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México

Sheinbaum pide explicaciones a Televisa y TV Azteca por casos de corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este jueves durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, de la Ciudad de México

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes a Televisa y Tv Azteca, las dos mayores televisoras del país, explicar sus escándalos de presunta corrupción en Estados Unidos que han involucrado a sus máximos directivos.

«Tendrían que explicarlo ellos, tendrían que informar primero», expresó la gobernante.

Ya que fue interrogada sobre el tema en su conferencia matutina, que este viernes se llevó a cabo en el norteño estado de Baja California Sur.

Una periodista preguntó a la presidenta sobre las polémicas que estallaron esta semana con respecto a las dos mayores televisoras de México, que tienen presencia en Estados Unidos y otros países de América.

Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo del Grupo Televisa, el mayor conglomerado de medios de Latinoamérica, pidió el jueves una licencia mientras se realiza una investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El caso, revelado inicialmente por Televisa el pasado 30 de agosto, involucra presuntos sobornos a directivos de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018, 2022, 2026 y 2030.

Sheinbaum no habló de este caso en concreto, pero sí señaló la polémica de Tv Azteca sobre fondos de inversión estadounidenses que comenzaron un arbitraje contra el Estado mexicano dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).

Los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management acusan al Poder Judicial de México de proteger al dueño, el polémico magnate Ricardo Salinas Pliego, para que no termine de pagar los 400 millones de dólares en título de deuda que emitió en 2017 y dejó de solventar en 2021.

La mandataria responsabilizó al Poder Judicial de este caso, aunque la demanda es contra el Estado mexicano.

«La demanda particular es a la (Suprema) Corte por haber resuelto en contra o haber otorgado un amparo”, expresó. EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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