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Sheinbaum pide renuncia a directora del Invea por viajar en avión privado

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Idalia Salgado fue removida de su cargo como directora del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y que Héctor Villegas renunció al de consejero jurídico debido a conflictos de interés.

En rueda de prensa, Sheinbaum Pardo detalló que durante las audiencias públicas que sostiene por las mañanas, ciudadanos denunciaron que los funcionarios viajaron en aviones de propiedad de empresarios.

“No puede haber ningún conflicto de interés, todos los funcionarios públicos de mi gobierno saben que aquí hay un código de ética muy estricto. Entonces aquí la corrupción no se vale y el conflicto de interés tampoco”, advirtió.

En el caso de Villegas, explicó que cuando le preguntó si había hecho ese vuelo en un avión particular, él aceptó y de inmediato presentó su renuncia, lo que dio lugar al nombramiento en días pasados de Néstor Vargas Solano como nuevo consejero Jurídico del gobierno capitalino.

“También en mi CCI (Centro Ciudadano de Inteligencia) me enteré que había ocurrido lo mismo con la directora del Invea y ahí sí le pedí su renuncia, y le dije que bajo ningún motivo puede haber conflicto de interés o corrupción en el gobierno de la ciudad”.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investiga para determinar si hubo actos indebidos en ambos casos.

“Así como el Estado mexicano tiene su CNI, su Centro Nacional de Inteligencia, yo tengo mi CCI, que son mis audiencias públicas en la mañana”, comentó.

La mandataria capitalina informó que tanto en el Invea como en la Consejería Jurídica se revisa el acta de entrega-recepción e insistió en que su gobierno no permitirá conflictos de interés ni corrupción. (Ntx)

Fuente: Aristegui Noticias

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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