La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de una iniciativa que busca reformar la Ley General de Aguas y el artículo cuarto constitucional, con el propósito de devolver al Estado el control de este recurso estratégico y terminar con su venta entre particulares.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el objetivo central es garantizar que el agua deje de tratarse como mercancía. “Este gran recurso natural indispensable para el desarrollo se recupera para la nación, se recupera el derecho al agua. Deja de ser una mercancía y la concesión se convierte en un instrumento de la nación”, afirmó.

La propuesta plantea la eliminación de la compraventa y transferencia de concesiones hídricas. En caso de cambios en el uso del suelo —por ejemplo, de agrícola a urbano—, el título deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será la encargada de otorgar uno nuevo, con base en cálculos técnicos sobre el volumen requerido. También se prevén procedimientos más claros y ágiles en la gestión del recurso, además de sanciones más severas para quienes incurran en irregularidades.

Según datos de la Conagua, actualmente existen más de 58 mil anomalías en títulos de concesión, que van desde coordenadas falsas hasta usos no autorizados.

En el mismo espacio, el director de la Conagua, Efraín Morales López, aseguró que pese a la sequía que atraviesa el país, México cumplirá con la entrega de agua a Estados Unidos a finales de este mes, en el marco del Tratado de Aguas de 1944. La declaración busca cerrar la polémica tras las advertencias de sanciones por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Morales detalló que hay comunicación constante con las autoridades norteamericanas y que los gobernadores de los estados fronterizos respaldan el proceso.

Al mismo tiempo, Sheinbaum aprovechó para hacer un balance de su primer año de gobierno. Subrayó la reversión de reformas neoliberales, la implementación de la elección popular de jueces y una reducción del 32 por ciento en los homicidios. Los indicadores económicos también le favorecen, con cifras récord de inversión extranjera y un crecimiento del PIB previsto para 2025.

No obstante, la presidenta enfrenta retos importantes: la percepción de inseguridad sigue siendo alta, se han documentado casos de desabasto de medicamentos y persisten cuestionamientos a sus reformas estructurales, que algunos especialistas consideran riesgosas para la certeza jurídica y la competencia económica.