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México

Sheinbaum y gobernadores firman acuerdo nacional por el derecho humano al agua

Gobernadores, distritos y unidades de riesgo e industriales firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua a través del cual se comprometieron a una serie de acciones para una mejor gestión del agua.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, enumeró las 10 acciones principales del acuerdo que se enmarca en el Plan Nacional Hídrico.

Este acuerdo ya ha dado los primeros resultados, los distritos y unidades de riesgo se comprometen a la devolución de más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos. Esto, para ponerlo en contexto equivale a tres años de consumo completos en la Ciudad de México”, indicó.

Las empresas del sector industrial, agregó, se comprometieron a devolver de manera voluntaria 126 millones de metros cúbicos de agua y a realizar inversiones de más de 21 millones de pesos para eficientizar, tratar y reusar el agua en sus procesos, así como con obras de carácter comunitario.

Plan Hídrico de Sheinbaum incluye 7 mil mdp para Sistema de Presas en Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardoexplicó que con el acuerdo se pondrá orden en las concesiones de agua, así como se echará andar un plan para el riego eficiente en el País.

Que tengamos un solo registro, que sean legales, que concuerde con lo que estamos utilizando, que no haya concesiones guardadas, ese es un acuerdo entre todas y todos, los cambios jurídicos que deriven de ello, tiene que ser en un acuerdo integral”, indicó.

La mandataria destacó que parte del acuerdo, es ponerse de acuerdo con los empresarios del País para que se cumplan las normas.

Un plan maestro por cada entidad de la república, que sea parte del Plan Nacional, que los municipios, estados y gobierno federal tengamos un plan para los próximos años; un plan de obras estratégicas que permitan que los recursos federales, estatales se puedan combinar para atender aquellas obras estrategicas”, explicó.

Los 10 puntos del acuerdo

1.- Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes.

2.- Eficientar el uso del agua en las actividades industriales, agrícolas y pecuarias.

3.- En el marco del Plan Nacional Hídrico que todos los niveles de gobierno se comprometan a invertir de manera conjunta.

4.- Colaborar entre el sector público, privado y social.

5.- Realizar una gestión eficaz en materia de concesiones.

6.- Impulsar un programa de digitalización de trámites para evitar la corrupción.

7.- Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento y reutilización del agua.

8.- Llevar a cabo medidas de mitigación frente a los impactos del cambio climático.

9.- Evitar la contaminación de nuestras cuencas, ríos y mares.

10.- Implementar una campaña permanente de concientización de ahorro.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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