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México

Sí habrá evaluación docente: senador del PRI

El PRI en el Senado informó que sí habrá evaluación educativa y solo se trata de un proceso suspendido.

El senador priista y secretario de la Comisión de Educación, Daniel Amador Gaxiola, dijo que la decisión de suspender la evaluación docente causó extrañeza en el sector magisterial, pero «puede terminar pasado mañana, la semana que entra o en la tarde de hoy».

El también integrante de la dirigencia del SNTE admitió que la decisión de la Secretaría de Educación Pública violenta la Constitución, porque la Constitución y la ley secundaria marca plazos establecidos para la evaluación.

«Sin duda. Estamos todavía en el mes de junio, podemos pensar que estos espacios pudieran moverse en función de días. Aquí no hemos tenido la oportunidad de conversar todavía con las autoridades o con el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ni con las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública; entonces, creo que en esto pueda tenerse una definición en los próximos días», dijo.

Entrevistado al acudir a la sesión de la Comisión Permanente, el legislador tricolor dijo que la evaluación es clave, porque hay miles de aspirantes inscritos para el examen de oposición a una plaza docente, lo que tendrá que definirse hacia la tercer semana de agosto.

«Entonces, no veo un escenario donde no tengamos la evaluación o una definición de las fechas en los próximos días. Insisto, no se cancela la evaluación, simplemente hay una suspensión indefinida, que puede terminar pasado mañana, la semana que entra o en la tarde de hoy; o sea, no hay algo para que podamos decir que esto está totalmente cancelado», dijo.

–¿Usted no ve que el gobierno trate de conculcar esta reforma?

«Si nos atenemos a lo que ayer mismo el Presidente de la República declaró, creo que no. El Presidente de la República fue muy claro ayer, la evaluación continúa, existe y va a mantenerse como lo contempla la reforma constitucional».

De acuerdo con el priista, se está haciendo alguna búsqueda de nuevos elementos para poder precisar evaluaciones regionalizadas en un momento dado, «de acuerdo a las condiciones de muchos contrastes que tiene el país, los muchos Méxicos que tenemos».

Explicó que no es lo mismo evaluar a los docentes de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, que a los del Bajío o el sureste.

Como integrante del SNTE refirió que los maestros no están de acuerdo en una suspensión o desaparición de la evaluación, porque sería ir contra la propia reforma constitucional que se hizo y que se aprobó en el legislativo.

«Entonces, esperemos los próximos días, que se pueda dar esta definición de contrastes, que es algo de lo que se ha venido platicando, que inclusive lo hemos comentado dentro del mismo magisterio», dijo.

Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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