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Chihuahua

Silla de ruedas, colchón y megáfono: protesta paraliza accesos a la Presidencia Municipal de Chihuahua

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Una protesta inesperada protagonizada por un grupo de ciudadanos interrumpió este jueves el funcionamiento de la Presidencia Municipal de Chihuahua. La manifestación fue encabezada por Virginia Márquez, quien llegó al edificio gubernamental en silla de ruedas y se colocó justo frente a la entrada principal que da a la calle Victoria, bloqueando el acceso con ayuda de un colchón, una base de cama y una cobija. Dicha entrada conecta directamente con el despacho del alcalde Marco Bonilla Mendoza, a quien exigieron un diálogo.

Megáfono en mano, Márquez denunció haber sido desalojada de manera “injustificada” por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en la colonia Ladrilleras, ubicada al norte de la ciudad. Según su versión, elementos de la corporación irrumpieron recientemente en dicho asentamiento para sacar a varias personas de los terrenos que habitaban, entre ellas a ella misma.

“Nos sacaron sin una orden, sin ninguna explicación. Luego, lo que era mi casa fue convertido en un basurero por parte de la Dirección de Obras Públicas, y por esa basura, se provocó un incendio hace unos días”, acusó Márquez ante los medios y funcionarios que se acercaron a la escena.

La protesta fue reforzada por cinco personas más, quienes se unieron a Virginia para colocar la improvisada barricada. La acción logró su objetivo inmediato: impedir por varios minutos el paso del personal administrativo al edificio municipal.

Ante la presión generada, elementos de la DSPM arribaron al sitio para dialogar con los inconformes. Aunque no hubo enfrentamientos, las autoridades intentaron convencer a los manifestantes de liberar los accesos. El intercambio fue tenso y por momentos acalorado, con demandas claras por parte del grupo: diálogo directo con el alcalde y una explicación oficial del operativo que terminó con su desalojo.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Presidencia Municipal ni del alcalde Bonilla sobre el incidente. Tampoco se ha informado si se abrirá alguna investigación sobre los señalamientos de abuso de autoridad o si habrá algún tipo de restitución o reubicación para las personas afectadas por el desalojo en Ladrilleras.

La manifestación de este jueves reaviva el debate sobre los derechos de los habitantes de colonias irregulares en Chihuahua, así como el actuar de las autoridades municipales frente a los asentamientos no reconocidos. Mientras tanto, Virginia Márquez, en su silla de ruedas y con una manta sobre las piernas, logró algo inusual: convertir la puerta del poder local en el epicentro de una denuncia ciudadana que exige ser escuchada.

Chihuahua

PRI nacional exige justicia por asesinato de lideresa ganadera en Chihuahua

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el asesinato de una lideresa del sector ganadero en Chihuahua y exigió que el crimen no quede impune. A través de sus declaraciones, el también senador señaló que se trata de un hecho grave que refleja la situación de violencia que persiste en distintas regiones del país.

Moreno expresó su solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad ganadera, destacando que este tipo de ataques no solo afectan a una persona, sino a todo un sector productivo clave para la economía local. Subrayó que los productores viven bajo presión constante debido a la inseguridad.

El líder priista hizo un llamado directo a las autoridades estatales y federales para que actúen de manera coordinada y den resultados concretos en la investigación. Insistió en que la justicia debe ser pronta y transparente, evitando que el caso se diluya con el paso del tiempo.

Además, advirtió que la violencia contra líderes sociales y productivos genera un clima de incertidumbre que inhibe la inversión y el desarrollo en regiones como Chihuahua, donde la actividad ganadera tiene un peso relevante.

El asesinato ha generado indignación en distintos sectores, que coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad en zonas rurales y proteger a quienes participan en actividades productivas. Mientras tanto, la exigencia principal se mantiene clara: esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar que situaciones como esta no se repitan.

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