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Sin candidaturas independientes plenas, no hay reforma por Jaime Garcia Chávez

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Sin candidaturas independientes plenas, no hay reforma

 

Mientras se preparaba la publicación de esta columna, la mayoría priísta en el Congreso del Estado de Chihuahua aprobaba lo que llaman “reforma política”, con el rechazo de la bancada panista, que tomó la tribuna y solicitaban que aquella no fuera aprobaba al vapor, como de costumbre. Las imágenes y los videos vertidos aquí los recogió la prensa local. La columna, intacta antes de estos acontecimientos, es la siguiente:

Ya es habitual que a cualquier reformilla que tenga que ver con el estado se le vista bajo el nombre de reforma política y aún con el más pomposo de reforma de Estado. Creo que uno y otro concepto, cuando se usan con precisión, se refieren a aspectos esenciales y así se pueden distinguir a lo largo de ciclos históricos bien determinados. Como sucede con la demagogia, ambos conceptos tienen gravedad y por tanto suelen emplearse con largueza para engañar a la sociedad y en ocasiones hasta para autoengañarse por parte de los legisladores.

Esto pasa hoy en Chihuahua y lo iré comentando en los días que vienen, iniciando por referirme al destino que se les quiere asignar a las candidaturas independientes. Como se sabe, por Decreto No. 866-2015 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 26 del 1° de abril de 2015, se reformaron los artículos 21 y 27 Bis de la Constitución local, dando paso a la existencia y respaldo constitucional a dichas candidaturas, dejando a la ley secundaria el establecimiento de los requisitos para su utilización electoral. Nos enteramos que tras la declaratoria, amplia y contundente, ahora se pretenden establecer las taxativas que la nulifican, de dar paso a taxativas inadmisibles porque, el principio de toda democracia política es el derecho de los ciudadanos, sin la obligada mediación que ha imperado en el país para asignarles a los partidos políticos prácticamente el monopolio de la postulación.

Lo que quiero decir, lisa y llanamente, es que no es correcto, conforme a una interpretación válida de la Constitución, establecer como requisito el que un aspirante a un cargo de elección deba contar para sí como antecedente el haber renunciado a un partido político, ya como militante, ya como dirigente. Porque si derecho tienen los ciudadanos para pertenecer a un partido político y aprovecharse de su estructura y ventajas para postularse, igual derecho deben tener los ciudadanos en sí mismos, por lo que obligarlos a una previa renuncia es poner un obstáculo que la Constitución no dispone, y no puede disponer, por decirlo de alguna manera, porque en el principio y en el centro de toda democracia está el ciudadano.

Bien es cierto que las candidaturas independientes han llevado un sello particular que las asocia a una disidencia previa, con la ruptura correspondiente, y el caso más elocuente en la coyuntura es el de Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Cuando se analiza este caso es frecuente que se derive a la búsqueda de un ciudadano virginal, casi en estado de naturaleza, sin “contaminación previa”. Sólo a esos se les quiere reconocer el carácter de independientes, olvidando que aquíindependiente tiene una interpretación única, tanto política como gramaticalmente: aquel que no busca el respaldo de un partido político, ya que en la historia del país está más que claro que legal y de hecho ese monopolio se asignó a los partidos políticos con registro, convirtiéndose el registro mismo, durante décadas, en un requisito prácticamente insalvable, interpretación que fortalece la de la calidad independiente que la propia Constitución de Chihuahua ya establece.

Pero hay algo más, que divido en dos aspectos: el primero, que ponerle limitaciones del tipo de la renuncia previa, tasada en años, prácticamente le daría a la reforma el carácter de ley especial, por tener destinatarios de carne y hueso, y a eso se le llama discriminación y exclusión de derechos. Y ambas cosas no pasan por los principios constitucionales en vigor en el país. El segundo tiene que ver con ese reiterado señalamiento sobre el que he venido insistiendo en los últimos días: los ciudadanos no son menores de edad a los que se les deba dar una tutoría de rango constitucional y que se expresaría así: si tu quieres ser candidato independiente, nunca, por ningún motivo, pertenezcas a un partido; y si ya lo hiciste, renuncia con uno, dos o tres años de anticipación. Además de que la calidad de independiente no necesariamente se supone en el ciudadano, sino en los que aparte de tener esa característica opten por tener su libertad, que en este caso es la que se quiere conculcar.

En realidad la única reforma de fondo que se estaría haciendo en la ley, es la de abrirle paso pleno a las candidaturas independientes. Por lo demás, todo sería demagogia o reacomodo entre las mismas facciones que detentan los cargos públicos, tales como aumentar inútilmente el número de diputados, fijar derechos fáciles de alcanzar a las prerrogativas y mantener el 2% para sostener el registro partidario. Una reforma así en esencia no le modifica nada a la política, sino que la denigra, y del estado ni qué hablar.

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Y esto es lo que acaba de ocurrir este día:

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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