Opinión

Sin es-Cassez de opiniones por Héctor Ituarte

Esta mañana despertamos a la luz de una nueva realidad en México:

El reduccionismo se erige como la forma privilegiada para comprender el mundo en que vivimos.

Sobra decir que estás letras no son componentes de un artículo científico, jurídico y mucho menos un vano intento editorial, que tenga por meta igualar a los que numerosos expertos y villamelones del área (inexpertos, pero poseedores de tremendas dotes cómicas e histriónicas) han ya producido.

Es innegable que su origen se puede trazar a las múltiples opiniones plenas de erudición que han surgido a razón de la puesta en libertad de Florence Cassez, aunque el fin que aquí se persigue no es el de impartir cátedra sobre la labor del Tribunal Constitucional de nuestro país. Eso, estimo únicamente adecuado para los propios Ministros y creo que quedará clarísimo si se escucha con atención a la Ministra Olga Sánchez Cordero, quien no sucumbe ni por segundos al tono incendiario de Yuriria Sierra en su entrevista

de ayer por la tarde.

Artífice del proyecto ayer aceptado por los jueces constitucionales quienes a su decir “no se rigen por la opinión mayoritaria del público ni de la sociedad”, haciendo gala de la sapiencia y experiencia que sólo alguien en su encargo posee, nos brinda la certeza de que la protección de los derechos fundamentales y la estricta interpretación de la Carta Magna es la única agenda y razón en la que se apoyó su labor y ulteriormente la decisión de la Corte.

Tal como un servidor ha expresado en lo particular, jamás se pronunciaron los Ministros sobre la posible culpabilidad de la imputada —empero defendieron entre otras cosas, la presunción de inocencia que todos gozamos— y generando con ello un ejemplo de interpretación del texto constitucional del que derivan los principios aplicados, mismos que podemos encontrar en las leyes y codificaciones que de éste derivan.

Sin embargo, fácil ha resultado para la mayoría opinar y decantarse en cierto o cuál sentido. Se ha puesto pues la toga la nación entera, para volcar en plataformas sociales su personal postura, aunque ésta parezca la repetición desvirtuada de un grito que vago resuena en la caverna de nuestra ignorancia jurídica.

Vuelvo entonces a mi inicial argumento: “El reduccionismo se erige como la forma privilegiada para comprender el mundo en que vivimos.” Me explico.

Hoy resulta que la liberación de la infame Cassez, obedece a [SIC] “… su pinche nuevo PRI”, según el novel comentarista social @chumeltorres. A la luz de lo vertido por @GustavoMadero, [SIC] “El caso Cassez logra 2 cosas: 1: liberar a una mujer q sus víctimas identificaron como culpable y 2 distraer sobre MONEX y el rebase del PRI”.

Como se aprecia a simple vista, en una suerte de Deus ex machina, aparece un partido político para poder justificar “simple y llanamente” lo que profundas y complicadas razones han originado, que sin embargo estos personajes perciben como parte de la trama de la ‘tragicomedia griega’, con la que equiparan la seriedad de la vida política y jurídica nacional.

He aquí, amable y paciente lector, donde residen mis más graves temores y me surge la inquietante interrogante:

¿Quién le maneja el teleprompter a nuestra opinión?

Desafortunadamente para muchos, el cotidiano guión se lo escribe “la alternativa”, “la opción”, los “desvinculados del establecimiento”. Resultan replicadas estas muy libres (y constitucionalmente protegidas) opiniones, por quienes permutan veracidad y rigor científico, por posturas inflamadas de sesgo personal con carácter colectivo.

Así pues, reducto a chiste o golpeteo político queda este serio tema, que será objeto de concienzudo análisis por los auténticos especialistas en materia de Amparo y servirá para los tinterillos en ciernes como interesante material de estudio en las aulas. Será tal vez, capote para el abogado y material de referencia en los despachos no sólo del país, sino del mundo; mientras que los analistas de pasillo dejarán de lado el tremendo precedente que en materia constitucional se gestó el día de ayer, merced del compromiso con la verdad de nuestros Ministros, quienes demostraron a la justicia no como caleidoscopio, sino como una ventana transparente a la virtud. Una que en ocasiones como ésta nos puede mostrar nuestra cara más amarga y nuestras incapacidades.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.