Hasta 4 millones 030 mil pesos pagarán de multa aquellas empresas que sean sorprendidas al “lavar dinero”, de acuerdo a las sanciones que establece la nueva Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que si bien aún no publica su reglamento base, definió por fin un  esquema para procesar, archivar y denunciar, este tipo de delitos.

Así lo dio  a conocer el contador público, Eloy Puente Campos, miembro de la Comisión Fiscal del Instituto y Colegido Mexicano de Contadores Públicos Chihuahua (ICCPCH), durante la plática que formó parte del curso de capacitación sobre el tema, realizado en las instalaciones de esta asociación.

Puente Campos, recordó que antes, la ley sólo tipificaba el delito del “lavado” de dinero pero no contaba con una ley que contemplara todos los aspectos preventivos y ejecutivos de éstos, de tal forma que la intención es proteger el sistema financiero y la economía del país, al poner candados a las operaciones e indicar el trámite mediante el que deberán ser reportadas a la Secretaría de Hacienda, al haber indicios que den vista a la Procuraduría General de la República (PGR).

De tal manera los contadores tendrán ahora la obligación de conservar toda la documentación de cualquier operación financiera y archivarla en un plazo de hasta cinco años, que realice su cliente, así como de asesorar a las empresas respecto al catálogo de “actividades vulnerables” en las que puede ser usado el dinero de procedencia ilícita, precisó.

“Empresas y contadores tendremos que velar por nuestra propia función, para no ser sancionados por involucrarnos en estas actividades, que además nos harán reportar actividades y documentación de este tipo de operaciones, mes a mes, como lo hacemos con otras declaraciones”, comentó.

Explicó que la ley aún no cuenta con un reglamento publicado, pues si bien ya está publicada se abrió un periodo de nueve meses (en julio) para su aplicación una vez que entre en vigor, a fin de permitir la correcta capacitación en información de los entes involucrados.

Empero, advirtió que al momento “deja la puerta abierta para que se dé la duplicidad de funciones con los notarios porque no se han definido las facultades de unos y otros”, además de que se convertirá en una carga administrativa adicional para las empresas.

Una de las prácticas ilícitas que esta nueva ley busca frenar, es la compra y venta de automóviles para “lavar” dinero, de tal forma que toda aquella unidad que rebase los 200 mil pesos no podrá ser adquirida con efectivo, sino a través de la vía del registro contributivo.

“Algo similar ocurrirá con la identidad del comprador, pues ahora cualquier persona puede comprarlo con efectivo sin que se les pidieran datos o direcciones comprobables; con esta ley deberán presentar una identificación oficial y si a persona se rehusa, la agencia estará imposibilitada de realizar la venta”, describió.

Finalmente, pidió a los contadores y empresas involucradas, estudiar la ley pues establece sanciones administrativas y multas considerables, de no cumplir con la presentación de avisos y/o documentación requerida por la autoridad fiscal, que parten de los 500 hasta los 65 mil salarios mínimos (62.33 pesos en el D.F).