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Sin licencia y con ingresos, acuerdan diputados las reglas para reelegirse en 2021

La Cámara de Diputados aprobó este jueves un acuerdo interno para definir las obligaciones de las diputadas y diputados que busquen la reelección en 2021: decidieron que no tendrán que renunciar a sus cargos y que además podrán seguir recibiendo los apoyos económicos y dietas de forma normal.

El Pleno ratificó con 454 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, el acuerdo por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021, después de que fuera consensuado por los líderes de todos los partidos políticos representados en San Lázaro.

“Los diputaos sólo podrán optar por la elección consecutiva por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado”, indica el documento, consultado por Infobae México.

Sin embargo, hay una excepción. Si los diputados renunciaron o perdieron su militancia antes de que se cumpliera la mitad de su mandato, podrán contender para ser reelectos para el mismo cargo postulados por un partido político diferente o por vía de una candidatura independiente.

Los diputados en el ejercicio del cargo podrán optar por una elección consecutiva a través de una fórmula electoral distinta a la de origen
Además, los diputados de la LXIV Legislatura “podrán postularse al mismo cargo por principio de mayoría relativa o de representación proporcional, independientemente del principio por el que fueron electos”. Sin embargo, no estarán obligados a dejar su curul ni sus dietas.

“Los diputados federales que manifiesten su intención de participar para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán optar por separarse del cargo actual, siguiendo las previsiones normativas correspondientes”, precisa el documento, que no obliga a los legisladores a dejar su curul en ningún momento.

Sin embargo, el acuerdo aprobado este jueves sí precisa que los legisladores que pretendan optar por la reelección y que continúen en el ejercicio de su cargo “tendrán las mismas consideraciones que todos los legisladores para que continúen desempeñando sus atribuciones de representación popular”.

Además, advirtieron que los diputados que serán a la vez candidatos deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad y la imparcialidad en las contiendas electorales, así como cumplir estrictamente con las disposiciones previstas.

Entre otras, tendrán como obligación cumplir su mandato y funciones de carácter legislativas (tanto en el Pleno como en comisiones, comités y otros órganos); abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña o precampaña; y no podrán participar en eventos de carácter proselitista en los días en que se encuentren obligados a desempeñar su cargo.

Asimismo, deberán abstenerse de usar recursos públicos tanto humanos como materiales y económicos inherentes a su función de legisladores para un fin distinto al que están destinados, en busca de influir en la voluntad del electorado o en actos de campaña o en cualquier proselitismo político.

Sin embargo, tampoco se verán obligados a renunciar a esos recursos. Los diputados que opten por la reelección “podrán renunciar por el periodo que señalen a los apoyos económicos a que tienen derecho, mediante manifestación por escrito dirigida a la Mesa Directiva, que hará del conocimiento al Pleno”, indica el acuerdo aprobado.

La reglamentación interna también prevé que se les descontará a los diputados la dieta correspondiente a los días que no asistan a las sesiones del Pleno “y en su caso sanciones establecidas en la normativa electoral”.

Por otra parte, el acuerdo también contempla que la Cámara de Diputados ponga toda la información regulativa y de comprobación de apoyos económicos para verificar su cumplimiento legal a disposición de las autoridades electorales, es decir, el INE (Instituto Nacional Electoral), la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales) y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación),

En este apartado, también se facultó a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados “a celebrar los convenios de colaboración” con el INE, la Fepade y el TEPJF que “formalicen la voluntad de entendimiento institucional par el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que les competen”.

Por último, y para dar cumplimiento al principio de transparencia, la Cámara de Diputados “establecerá y mantendrá actualizado un micrositio que contenga toda la información pública” de los diputados que opten por la reelección, incluyendo los recursos humanos, materiales y económicos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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