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México

Sistema Anticorrupción vera la luz hasta 2017

El Senado de la República prevé aprobar, mañana martes, la minuta relativa a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, pese a concretar la gran prioridad legislativa del último periodo ordinario de sesiones y calificar como un gran logro la definición del nuevo modelo de combate a la corrupción, éste no será implementado sino hasta 2017.

Según se estableció en el artículo del dictamen relativo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de la entrada en vigor de este nuevo modelo, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicables las reformas constitucionales que el Senado espera aprobar el día de mañana.

Es decir, será hasta el año 2016 cuando las cámaras de Senadores y de Diputados, emitan las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por actos de corrupción en que éstos incurran.

De acuerdo con el régimen transitorio del proyecto que mañana concluye su andar legislativo, tras el plazo de un año en el que el Congreso buscará complementar la reforma a diversos artículos constitucionales, adicionalmente se otorgará un plazo de 180 días, para que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen las adecuaciones normativas correspondientes.

Con ello se estaría aplazando, al menos, hasta 2017 la aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, en un sexto artículo transitorio el propio Congreso especifica que en tanto se expiden las leyes secundarias continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, hoy vigentes.

El reto

El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reconoció que el Congreso apenas está dando el “primer paso” en lo que se refiere a la consolidación del modelo de combate a la corrupción. “El problema final”, aseguró, será la implementación de esta reforma, para lo que se requiere primero modificar entre 10 y 12 legislaciones vigentes, además de la creación de nuevos ordenamientos.

Admitió que no habrá resultados inmediatos tras la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, e incluso sostuvo que “difícilmente en este sexenio estará en operación (…) no hay certeza en los tiempos”.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, senador panista e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, afirmó que a partir de la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión deberá iniciar una nueva tarea: concluir los instrumentos para combatir la corrupción y la impunidad.

“De esta reforma constitucional se tendrán que desdoblar leyes de responsabilidad de servidores públicos, una nueva ley de fiscalización, la ley que regule las atribuciones de cada uno de los órganos que están comprendidos en esta reforma constitucional; modificaciones al código penal para revisar los tipos penales y las penas que se aplican a las distintas conductas asociadas a la corrupción”, señaló.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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