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Sobornan a Walmart México por 24 millones de dólares, revela NYT

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril.- Walmart habría ocultado un caso de corrupción vinculado a su filial mexicana, luego de que en 2005 se conociera el posible otorgamiento de sobornos para ayudar a impulsar la expansión de la compañía.

De acuerdo con el periódico The New York Times un abogado de Walmart de México habría alertado en 2005 a altos ejecutivos de la empresa en Estados Unidos acerca de los sobornos que estaría dando la cadena de tiendas a funcionarios de todo el país con la finalidad de obtener permisos para la construcción de sus nuevas unidades.

Desde las oficinas centrales de Walmart ubicadas en Bentonville, Arkansas, comenzaron una investigación interna que encontró que se habrían otorgado sobornos por 24 millones de dólares y que altos ejecutivos de la compañía en México hicieron esfuerzos para ocultar la información de las auditorias realizadas de manera regular por las oficinas centrales.

Una de las fuentes del periódico estadunidense es Sergio Cicero Zapata quien describió cómo organizó el pago de sobornos a funcionarios mexicanos siendo abogado de Walmart de México y antes de que renunciara a la compañía en 2004.

En una investigación interna detonada por las denuncias del propio Cicero Zapata se encontró que la realización de dichos pagos se efectuaba a través de dos abogados que fungían como gestores, Pablo Alegría Con Alonso y José Manuel Aguirre Juárez.

La investigación también mostró que uno de los gestores era socio en un despacho de la esposa del mismo Cicero Zapata.

No obstante, los pagos habrían sido siempre aprobados por altos ejecutivos de la compañía como el director jurídico de Walmart de México y Centroamérica, José Luis Rodríguez Macedo, quien la semana pasada se retiró del cargo.

En ese entonces la directora jurídica de Walmart a nivel internacional, Maritza Munich, lanzó una investigación independiente que encontró que los sobornos de Walmart de México se dispararon a partir de que en 2002 asumiera la dirección de la empresa Eduardo Castro-Wright, quien llegó a ser considerado para asumir la presidencial global de la compañía en 2009.

Castro Wright fue promovido a vicepresidente global y posteriormente ascendió a presidente de Walmart Stores en Estados Unidos.

La investigación se realizó de manera interna con un equipo de abogados de la empresa provenientes de Estados Unidos lo que generó una reacción adversa de Eduardo Solórzano que en ese entonces fungía como presidente ejecutivo y director general para Walmart de México.

Posteriormente se reporta que, el en ese entonces CEO de Walmart, Scott Lee, cambió los protocolos de las investigaciones internas lo que le daba más prerrogativas a los ejecutivos locales para supervisar las investigación.

El cambio en los lineamientos permitió que el control de la investigación pasara a manos del propio José Luis Rodríguez Macedo, director jurídico de Walmart de México, quien cerró la investigación en dos semanas concluyendo que no se dio el otorgamiento de sobornos y determinando que las donaciones que hizo la cadena de tiendas pudieron haber sido un fraude cometido por Sergio Cicero Zapata.

La dinámica y progreso de la investigación fue del conocimiento de Mike Duke, el actual presidente ejecutivo y director de Walmart a nivel global que en ese entonces se desempeñaba como presidente de las operaciones internacionales de la compañía.

Excélsior buscó a la cadena de tiendas en México y refirieron a un comunicado en inglés en el que expresan que: “Ante las acusaciones deThe New York Times, la cadena de autoservicios respondió que de ser ciertas no reflejan la actual cultura  corporativa de Walmart de México y Centroamérica”.

En el documento también se expresa que: “Wal-Mart Stores se defendió diciendo que el año pasado inició una revisión de las prácticas anticorrupción de todos los países en donde tiene operaciones”.

Afirmó que su filial Walmart de México y Centroamérica  está colaborando en la investigación y que la empresa se ha comprometido a cumplir con las leyes de todos los países en donde participa.

La compañía reconoce que desafortunadamente en este momento hay preguntas sin respuesta pero no desean decir más debido a que pondrían en riesgo la integridad de la investigación. 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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