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México

Son 56 libres, 13 indiciados y uno bailando, resultados #1DMx

La juez 47 penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, dictó formal prisión a 13 indiciados y decretó la liberación de otras 56 personas. Lo anterior por su probable responsabilidad en el delito de ataques a la paz pública en pandilla, de los 13, 12 son hombres y una mujer.

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) informó que la juzgadora, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, dictó la medida a los consignados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el lunes pasado, por los disturbios registrados el 1 de diciembre en la ciudad de México.

En un comunicado, el TSJDF señaló que dentro de la duplicidad del término constitucional solicitado por la defensa, la jueza revisó los elementos aportados por la PGJDF y realizó la audiencia de desahogo de pruebas. Refirió que Mora Brito determinó el sometimiento a proceso penal a 13 personas, por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, al considerar que con las pruebas aportadas existen elementos suficientes para que se les siga proceso, sin derecho a libertad bajo fianza.

El TSJDF destacó que al analizar videos, testimoniales y periciales, la impartidora de justicia consideró que las pruebas señalan la presunción de responsabilidad de los indiciados y no a los otros 56 a los que se les dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.

El Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Movimiento #YoSoy132, informó a través de su cuenta de Twitter @ComiteDH132, que son 13 indiciados a quienes se les dictó formal prisión, aunque son 14 los que permanecen detenidos.  

Con información de EL Universal y AristeguiNoticias

  1. Rita Emilia Nery Moctezuma, entre 18 y 22 años
  2. Enrique Rosales Rojas, 50 años
  3. Jorge Dionisio Barrera Jiménez, 35 años
  4. Daniel García Vázquez, 24 años
  5. Stylianos García Vackimes, 30 años
  6. Roberto Fabián Duarte García, 38 años
  7. Carlo Miguel Ángel García Rojas, 31 años
  8. Obed Palagot Echeverría, 23 años
  9. Alejandro Lugo Morán, 34 años
  10. Sandino Jaramillo Roja, 30 años
  11. César Llaguno Romero, 25 años
  12. Eduardo Daniel Columna Muñiz, 19 años
  13. Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, 19 años
  14. Bryan Reyes Rodríguez, 26 años

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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