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México

Suicidios en México aumentan 84.8% en 16 años: estudio

Del año 2000 al 2016, la incidencia del suicidio en México aumentó un 84.8 por ciento, advierte una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El documento Alternativas de atención, seguimiento y prevención desde el Poder Legislativo, revela que en el citado periodo se registraron 83 mil 490 muertes por suicidio en el país.

A pesar de los esfuerzos, no existe una política pública federal que busque coordinar a las distintas instituciones e integrar los esfuerzos estatales para su atención.

México tiene las tasas oficiales de suicidio más bajas en Latinoamérica y en el mundo, sin embargo, su incidencia es alta y continúa en gradual aumento. La prevalencia del suicidio por sexo corresponde históricamente a los hombres: 68 mil 309 han sucedido en dieciséis años. En el caso de las mujeres, se registraron 15 mil 225 según la investigación.

Por entidad federativa, Jalisco registró seis mil 539 y Estado de México seis mil 323, siendo los dos estados con más muertes totales a causa de suicidio desde el año 2000. El IBD del Senado de la República reconoce que, tanto a nivel federal como local, se han implementado programas de intervención coordinada, a través de los cuales se busca romper el estigma que aqueja al suicidio y a sus víctimas.
No obstante, de los múltiples esfuerzos, el estudio sostiene que no existe una política pública federal para coordinar a las distintas instituciones e integrar los esfuerzos estatales para la atención del suicidio.

El Instituto hace énfasis en que atender el problema del suicidio requiere adoptar un enfoque multidisciplinario e interinstitucional que trate integralmente el acceso pleno al bienestar social y desarrollo personal, a la par de los programas de atención y prevención del suicidio con sectores específicos.

En el intento de generar una estrategia nacional, integral y multifactorial, han sido presentadas en las últimas cinco legislaturas (desde la 59, 60, 61, 62 y la actual 63) 18 iniciativas con proyecto de decreto en la materia sin que hasta ahora alguna haya sido aprobada.

En noviembre del año pasado, el Pleno del Senado de la República aprobó declarar el 10 de septiembre como el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, minuta que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.

Esto podría ser el primer paso para que el tema sea procurado, considera el IBD. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 2000 al 2014, la tasa de suicidios de elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, siendo la décimo quinta causa de muerte en México; sólo en 2014 se registraron seis mil 337 suicidios.

El dictamen avalado por unanimidad con 86 votos, señala que el 75 por ciento de las muertes por suicidio está directamente asociado con el padecimiento de un trastorno mental, principalmente con la depresión.

El 40.2 por ciento del total nacional de suicidios se encuentra entre la adolescencia y la juventud; alcanza una tasa promedio de 7.9 por cada 100 mil personas en ese segmento de edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que hay 20 millones de intentos de suicidio al año y que uno de cada 20 personas que intentan suicidarse lo logra, tendencia que se agudiza en la juventud sin importar el grado de desarrollo económico del país.

Equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, o bien una muerte por suicidio cada 40 segundos. En los últimos 45 años, la tasa aumentó 60 por ciento, colocando al suicidio entre las tres principales causas de muerte, en personas de 15 a 44 años de edad.

La OMS define la salud mental como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En este caso, el suicidio “es el acto de quitarse deliberadamente la vida propia y los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse son: enfermedades mentales, trastornos por consumo de alcohol, abuso de sustancias, violencia, entre los que toman importancia el bullying escolar; sensaciones de pérdida, diversos entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos, desempleo o problemas financieros”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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