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México

Sujetos a proceso penal 459 policías federales por cometer delitos, revela SSP-F

De diciembre del 2006 a la fecha, 2 mil 45 elementos de la Policía Federal reprobaron sus exámenes de control de confianza y 459 agentes más quedaron sujetos a proceso penal por cometer delitos del fuero federal o común, informó la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes.   Al dar a conocer un informe sobre el proceso de depuración que se sigue en dicha corporación, Cervantes Guerrero aclaró de que de los dos mil federales reprobados en sus evaluaciones psicológicas, patrimoniales y toxicológicas, 302 ya fueron dados de baja de manera definitiva, mientras que otros 919 agentes enfrentan un proceso administrativo por parte de la Unidad de Asuntos Internos.   Explicó que el proceso contra estos últimos, podría extenderse hasta el mes de noviembre, ya que la Policía Federal debe respetar la garantía de audiencia y el derecho de réplica con el que cuentan los agentes bajo investigación.   En lo que se refiere a los policías que enfrentan juicios penales por incurrir en delitos de carácter federal o del fuero común, Cervantes Guerrero dijo que 459 agentes se encuentran sujetos a proceso para el deslinde de responsabilidades, mientras que 50 más han recibido sentencia condenatoria al acreditarse que cometieron diversos ilícitos.   En este marco, la Comisionada de la Policía Federal dio a conocer que de diciembre de 2006 a la fecha, se han realizado un total de 240 mil exámenes  de control de confianza a integrantes de esa corporación; de las cuales 134 mil 759 se aplicaron a elementos de nuevo ingreso y 46 mil más a agentes en activo para refrendar su pertenencia a dicha institución.  Por último,  la funcionaria dio a conocer que en los próximos días iniciaran su curso de formación inicial mil 400 aspirantes a policías federales, 800 de ellos con licenciatura, con el fin de reforzar las filas de dicha dependencia.

 

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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