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Sujetos abren fuego durante fiesta que era trasmitida en vivo en Veracruz; hay 6 muertos

Al menos seis personas murieron, entre ellos un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un ataque armado a un salón de fiestas en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, uno de las víctimas sería Francisco Navarrete Serna, presunto líder del CJNG, quien además estaría vinculado a la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente, en 2016.

El ataque ocurrió mientras Navarrete Serna transmitía un concierto en vivo, desde el salón YemanYa, localizado en la colina Segundo Verde.

En un video que circulo en redes sociales se ve a los integrantes de una agrupación alistarse para interpretar una canción, cuando un disparo al exterior del salón los sorprende.

Segundos después, Navarrete Serna saca de su pantalón un arma, mientras el sonido de los balazos llena la escena.

Cuando asomó la cara, ráfagas de plomo le cayeron por todos lados. Su cuerpo recibió mas de 50 balazos. Apenas y pudo hacer el intento de disparar. Murió al instante.

El supuesto líder de plaza del CJNG recientemente había inaugurado un periódico llamado El Sol de Tierra Blanca.

Navarrete Serna fue emboscado en su propio territorio. Había organizado un evento con el grupo musical “La Calle”, mismo que transmitía en vivo a través de la red social facebook en donde pedían a la población que solicitaran canciones a través de llamar al periódico.

Entre las personas asesinadas hay integrantes del grupo musical La Calle; además, confirmaron reporteros de la región, uno de los heridos trabaja como escolta en el congreso de Veracruz.

En 2016, Francisco Navarrete, su hijo Francisco Navarrete Abraham y un presunto lugarteniente, Junior Alarcón, fueron imputados por delincuencia organizada bajo la causa penal 45/2016 y ligados a la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, cometida el 11 de enero de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Pero el 3 de agosto de 2019, los tres salieron del penal de máxima seguridad de Gómez Palacio en Durango, a causa de errores cometidos por la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

“El primo” es mencionado en dos declaraciones ministeriales -a las cuales E-Consulta Veracruz tuvo acceso- como líder del CJNG. Presuntamente fungía como un enlace de la Secretaría de Marina y coordinaba crímenes de lesa humanidad con el entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde.

onde y otros siete expolicías estatales de Veracruz permanecen presos por la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente. Las víctimas son Susana Tapia Garibo, Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez. Los jóvenes habrían sido torturados y asesinados en el rancho El Limón, predio que también fue ligado a Francisco Navarrete.

Pese a estas imputaciones, a Navarrete un juez federal le concedió el amparo 11/2018, confirmado por un tribunal de alzada. El argumento fue que hubo una investigación deficiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que duplicó declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos judiciales, el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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