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México

Suprema Corte delinea el futuro de Uber en México

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Los servicios de Uber son diferentes a los que ofrecen taxis tradicionales, definió este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con este fallo, el máximo tribunal del país estableció que los Congresos de los estados sí pueden regular el servicio de transporte público y reconoció que los requisitos para servicios como Uber y los de taxis tradicionales sí pueden ser diferentes.
Los ministros que integran el pleno del Tribunal Constitucional consideraron que no es posible regular ambos servicios en forma similar, pues de origen son distintos, y se les puede dar un trato desigual, siempre y cuando este sea “razonable”.
Los ministros resolverán este martes, y quizá en sesiones subsecuentes, si los artículos impugnados violan o no los principios de irretroactividad y las libertades de trabajo, libre competencia, y libre tránsito.
El caso llegó al máximo tribunal del país, luego de que diputados de Yucatán promovieran una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Transporte de la entidad, la cual entró el vigor en junio pasado.
En ésta se reguló el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, como Uber o Cabify.
Los legisladores locales argumentaron que los taxistas tradicionales tienen que cumplir diferentes requisitos que aquellos que prestan el servicio mediante una aplicación móvil, y que la regulación no abarcó a las empresas intermediarias, sino solo a los socios de la misma que prestan el servicio directo al público.
“Es una pésima regulación (la de Yucatán), está muy deficiente es su redacción, en sus artículos aprobados, y como consecuencia de eso, lo que ocurre es que una minoría de aproximadamente el 36 por ciento del Congreso del Estado presentan ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad argumentando que muchos artículos que se aprobaron en esta reforma fueron inconstitucionales”, señaló en entrevista Enrique González, director del área legal de Uber en Latinoamérica.
“Este tema es muy importante porque pareciera que simplemente se está analizando el tema bajo la perspectiva de transporte (…), pero va mucho más allá. Algo que estamos seguros que la Corte tomará en cuenta es que está en sus manos el primer asunto relacionado con la economía colaborativa en el país”.
En su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayan consideraba que pedir requisitos distintos en ambos sistemas de transporte era violatorio del principio de igualdad.
Sin embargo, ocho de los diez ministros desecharon el proyecto al considerar que los dos modelos son diferentes.
El tribunal consideró que en el caso del servicio tradicional se otorga una concesión y en el caso del servicio mediante plataforma se otorga un permiso, lo cual jurídicamente hace distinto el trato que se debe dar a uno y otro.
Para el ministro Arturo Zaldívar, tratar a ambos de la misma forma pone en peligro el futuro de plataformas como Uber en el país.
“Me parece que sería un precedente delicado que equiparáramos las actividades, me parece que es peligroso”, señaló Zaldívar.
“Si se subsumen las actividades de servicio de pasajeros de plataformas, estilo Uber, lo que va a suceder es que simplemente van a tener exactamente los mismos requisitos porque cualquier diferencia sería inconstitucional, por eso no comparto este criterio, porque me parece que compartirlo es poner en riesgo la viabilidad de la modernidad de este tipo de plataformas”.
Al consultar a la dirección de transporte del Estado de Yucatán, declinó hacer comentarios para esta nota.

El Financiero

México

Mujeres ocupan posiciones clave en el poder político de México

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La presencia de mujeres en cargos de alto nivel dentro del gobierno mexicano ha crecido de manera significativa en los últimos años. Actualmente el país cuenta con su primera presidenta y con varias funcionarias en puestos estratégicos del poder federal y estatal, lo que refleja cambios en la participación femenina en la vida política nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República tras ganar la elección de junio de 2024 como candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Su gobierno inició en octubre de ese mismo año y entre sus compromisos se encuentran diversas políticas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma para garantizar la igualdad sustantiva. Sheinbaum es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Física y posteriormente cursó una maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

En el Poder Legislativo también hay mujeres en posiciones relevantes. Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional, preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Desde ese cargo encabeza los trabajos legislativos, incluida la discusión de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2025 para el segundo año de la actual legislatura. La legisladora de Morena también tendrá la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral en medio de las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y los aliados del gobierno. Castillo es arquitecta por la UNAM y ha sido diputada federal y militante fundadora del PRD.

En el ámbito de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos se convirtió el 3 de diciembre en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034. Es licenciada en Derecho por la UNAM y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica de la Presidencia y diputada local.

Otra posición relevante es la de Citlalli Hernández, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres. Comunicóloga por la UNAM, Hernández ha ocupado diversos cargos legislativos y fue secretaria general de Morena. Desde su actual responsabilidad impulsa políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, además de trabajar en estrategias para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

A nivel estatal también se observa una mayor presencia femenina. Actualmente hay 13 mujeres al frente de gobiernos locales, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Clara Brugada en la Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Delfina Gómez en el Estado de México, Mara Lezama en Quintana Roo, Libia García Muñoz Ledo en Guanajuato y Rocío Nahle en Veracruz. Estas designaciones reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública en el país.

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