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México

Suprema Corte delinea el futuro de Uber en México

Los servicios de Uber son diferentes a los que ofrecen taxis tradicionales, definió este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con este fallo, el máximo tribunal del país estableció que los Congresos de los estados sí pueden regular el servicio de transporte público y reconoció que los requisitos para servicios como Uber y los de taxis tradicionales sí pueden ser diferentes.
Los ministros que integran el pleno del Tribunal Constitucional consideraron que no es posible regular ambos servicios en forma similar, pues de origen son distintos, y se les puede dar un trato desigual, siempre y cuando este sea “razonable”.
Los ministros resolverán este martes, y quizá en sesiones subsecuentes, si los artículos impugnados violan o no los principios de irretroactividad y las libertades de trabajo, libre competencia, y libre tránsito.
El caso llegó al máximo tribunal del país, luego de que diputados de Yucatán promovieran una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Transporte de la entidad, la cual entró el vigor en junio pasado.
En ésta se reguló el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, como Uber o Cabify.
Los legisladores locales argumentaron que los taxistas tradicionales tienen que cumplir diferentes requisitos que aquellos que prestan el servicio mediante una aplicación móvil, y que la regulación no abarcó a las empresas intermediarias, sino solo a los socios de la misma que prestan el servicio directo al público.
“Es una pésima regulación (la de Yucatán), está muy deficiente es su redacción, en sus artículos aprobados, y como consecuencia de eso, lo que ocurre es que una minoría de aproximadamente el 36 por ciento del Congreso del Estado presentan ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad argumentando que muchos artículos que se aprobaron en esta reforma fueron inconstitucionales”, señaló en entrevista Enrique González, director del área legal de Uber en Latinoamérica.
“Este tema es muy importante porque pareciera que simplemente se está analizando el tema bajo la perspectiva de transporte (…), pero va mucho más allá. Algo que estamos seguros que la Corte tomará en cuenta es que está en sus manos el primer asunto relacionado con la economía colaborativa en el país”.
En su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayan consideraba que pedir requisitos distintos en ambos sistemas de transporte era violatorio del principio de igualdad.
Sin embargo, ocho de los diez ministros desecharon el proyecto al considerar que los dos modelos son diferentes.
El tribunal consideró que en el caso del servicio tradicional se otorga una concesión y en el caso del servicio mediante plataforma se otorga un permiso, lo cual jurídicamente hace distinto el trato que se debe dar a uno y otro.
Para el ministro Arturo Zaldívar, tratar a ambos de la misma forma pone en peligro el futuro de plataformas como Uber en el país.
“Me parece que sería un precedente delicado que equiparáramos las actividades, me parece que es peligroso”, señaló Zaldívar.
“Si se subsumen las actividades de servicio de pasajeros de plataformas, estilo Uber, lo que va a suceder es que simplemente van a tener exactamente los mismos requisitos porque cualquier diferencia sería inconstitucional, por eso no comparto este criterio, porque me parece que compartirlo es poner en riesgo la viabilidad de la modernidad de este tipo de plataformas”.
Al consultar a la dirección de transporte del Estado de Yucatán, declinó hacer comentarios para esta nota.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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