Todas las reservas fueron rechazadas por la mayoría del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social.

La Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, no logró modificar el artículo 29, por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, esto con 19 votos de diferencia, con el objetivo de que los funcionarios públicos hicieran públicas y sin condiciones, sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Después de cinco horas de debate sobre esta minuta, procedente del Senado, se emitieron 228 votos en contra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal); y 209 votos a favor del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los nueve diputados del Partido Encuentro Social llegaron concluida la votación, en medio de gritos de: ¡traidores!, por parte de Morena y Movimiento Ciudadano.

Cabe mencionar que después de seis horas de posicionamientos, se aprobaron las tres leyes contenidas en el dictamen y fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación y este viernes continúa la discusión de las dos últimas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

De igual manera se pidió modificar también el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para evitar que personas físicas que trabajen en empresas que prestan servicios o tienen contratos a cualquier nivel de gobierno, presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses al igual que sus patrones, esto por parte del bloque opositor encabezado por el PAN y PRD.

«Por lo tanto se desechan y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen»: expresó Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado Omar Ortega, del PRD, señaló que cualquier persona que tenga que ver con un servicio a los empleadores, o que reciba una remuneración, es sujeto de la ley dos que tres, pero los funcionarios públicos, los obligados por el Estado, son los únicos que no quieren.

Mientras que Guadalupe Murguía, diputada del PAN, precisó: «Quedarían obligados a presentar declaraciones patrimonial y de intereses, cualquier trabajador en lo general, sin distinguir ni nivel ni rango jerárquico, directivos, funcionarios, albañiles, personal de limpieza, subcontratistas, electricistas».

«A los senadores que no tomaron postura, porque les dolía la cabeza o porque tenían que ir al baño, o porque inventaron un sinfín de pretextos, entre ellos, que no sabían si su voto era definitorio para un 3 de 3 público, un 3 de 3 obligatorio y un 3 de tres completo, a ellos les quiero decir: no tomar una postura también es una postura», indicó Jorge Álvarez, diputado de Movimiento Ciudadano.

Todas las reservas fueron rechazadas por la mayoría del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, y argumentaron que la redacción del artículo 29 establecía la publicidad de las tres declaraciones.

«Lo digo fuerte y claro, el PRI está a favor de la rendición de cuentas y está a favor de que las cosas se hagan bien, que sean los responsables de operar ese sistema, es decir, los ciudadanos, quienes establezcan la metodología a seguir», dijo Édgar Romo, diputado del PRI.