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México

Taxistas analizan ampararse por regulación de Uber

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Taxistas Organizados de la Ciudad de México analizan ampararse en contra del acuerdo del Gobierno del Distrito Federal que permite la regulación de los servicios como los prestados por Uber y Cabify.

En conferencia de prensa, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que reactive la averiguación previa contra Rufino H León Tovar, ex secretario de Movilidad, por el probable delito de uso ilegal de sus atribuciones.

Señalaron que la publicación del acuerdo fue un intento del funcionario de mantenerse en el puesto.
«León Tovar tomó una medida arbitraria el último día como secretario de Movilidad, con el fin de mantener el cargo que le había designado Miguel Ángel Mancera, desestimando las propuestas que los trabajadores del taxi habíamos puesto en la mesa», señalaron.

Dijeron que la regulación del servicio de traslado de personas, solicitado y administrado mediante aplicaciones (apps), es un «traje a la medida», pues no evita la competencia desleal.

Entre los puntos que consideraron necesarios para generar un piso parejo y que no se incluyeron, mencionaron la operación de una unidad de servicio privado por cada 50 taxis regulares, que las unidades de Uber tuvieran un valor mínimo de 350 mil pesos y que la tarifa mínima fuera de 27.30 pesos.

Aseguraron que el diálogo está abierto con el Gobierno del Distrito Federal y pidieron a Héctor Serrano, nuevo secretario de Movilidad, realizar acciones contra los taxis piratas.

Y no descartaron realizar movilizaciones en las próximas semanas, si no obtienen respuesta positiva.
«Esta lucha no está perdida, no tomaremos una decisión apresurada. Haremos el análisis jurídico del documento publicado y acudiremos a los órganos jurisdiccionales competentes», destacaron.

Milenio

Chihuahua

Sheinbaum señala a Chihuahua por operativo con EU sin aval federal

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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al solicitar la colaboración de autoridades de Estados Unidos en un operativo antidrogas sin la autorización del Ejecutivo federal, en el que murieron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no busca generar un conflicto con el Gobierno estadounidense, pero insistió en que cualquier cooperación en materia de seguridad debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. Indicó que el objetivo es garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos entre ambas naciones.

Sheinbaum cuestionó las condiciones bajo las cuales se permitió la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en Chihuahua. Señaló que este tipo de colaboración requiere autorización expresa del Ejecutivo federal y consideró que, en este caso, se vulneró el marco legal vigente.

La presidenta responsabilizó al gobierno estatal encabezado por Maru Campos por haber solicitado dicha intervención sin seguir los procedimientos correspondientes. Añadió que también el Gobierno de Estados Unidos, a través de su representación diplomática, debió informar a las autoridades federales mexicanas sobre su participación.

En ese contexto, Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema.

La titular del Ejecutivo reiteró sus condolencias por la muerte de los agentes estadounidenses y de los mexicanos involucrados, y destacó que su postura ha sido expresar solidaridad con las familias de las víctimas. Esto luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitara mayor empatía ante los hechos ocurridos en territorio mexicano.

Inicialmente, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los agentes estadounidenses regresaban del operativo; posteriormente, aclaró que no participaron directamente en el aseguramiento de un laboratorio de narcotráfico, sino que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia aumentó tras un reporte del diario The Washington Post, que señaló que los dos estadounidenses presuntamente pertenecían a la CIA y habrían brindado apoyo de inteligencia en la operación, en medio de un contexto de presión de Washington hacia México en temas de seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades federales sobre estos señalamientos

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