Opinión
Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer… Por Carlos Toulet
“La esperanza del perdón, alienta al pillo y al ladrón”
Como a juicio de quienes ponen la información en nuestras manos, ojos u oídos, los medios de comunicación han hecho bien, considerando lo que como ciudadanos nos interesa, en construir los titulares de ayer y hoy, algo así como: EPN pide perdón.

Carlos Toulet Medina
No estaría demás seguir definiendo a que los mexicanos tenemos intereses de información “raquíticos”, ya que cruzado en diálogo –a veces discusión– con quienes celebran y mofan de la actitud y mensaje del Presidente de la República al promulgar las “primeras” 7 leyes anticorrupción –se supone serán 22 leyes a reformarse–, se suele desviar la temática a temas que suman en la decepción y resentimiento, más que a la motivación.
Raquíticos porque simplemente no debemos de abordar la trascendencia del tema en la necesidad moral de un Presidente por disculparse con el pueblo al corromper. De ser así, entonces traigamos a todos los demás ¿me explico? Y no es por defender a EPN ni mucho menos, reprobable su caso como el del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres –Partido Acción Nacional–, a quien ayer le volvió a caer la fiscalía anticorrupción de
Sonora y le aseguró 19 propiedades, entre ellas un rancho muy bonito –donde está la famosa presa que acopiaba y acaparaba agua de manera ilegal– y mansiones distribuidas por todo el estado. También al Gobernador de Veracruz y al de Quintana Roo, entre otros. Las carpetas abiertas son interminables cuando hablamos de corrupción, los dedos que señalen con valentía, son escasos.
Abrazo de gol a Carmen Aristegui, quien ganó muchísimo el día de ayer. Impresionante lo que un periodismo bravo y eficiente de investigación nowadays (noviembre de 2014), puede llegar a trascender. Aplauso fuerte a ella, aunque la disculpa no fuera dirigida a su persona o a su equipo de trabajo. Aunque no recuperará su espacio noticioso en MVS. Ella está, seguramente, muy contenta y orgullosa. Porque siendo responsables en la otorgación de créditos en esta ya larga carrera por las iniciativas anticorrupción en México, la Casa Blanca fue el precedente mejor posicionado no sólo en México sino en el mundo, armando con argumento a quienes se animaban, y no, a detractar actos de corrupción en el sistema de gobierno mexicano.
Para quien escribe estas humildes líneas, EPN dio el paso que debió haber dado a mediados del 2015, aunque aun así fuera tarde. Ya conscientes estamos de las deficiencias de su equipo en materia de comunicación, quienes por el contrario en aquellos días nos presentaron en cadena nacional y muy guapa como siempre a nuestra ilustre Primera Dama, quien a su manera y al puro estilo patético de Destilando Amor, pues nos regañó por cuestionar sus dineros.
Bien dijo Jalil Gibran “Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes”. Yo no veo al Presidente disfrutando las virtudes –si es que las tiene, como primera dama– de Angélica Rivera. ¿Se tardó en actuar?
Más que pedirnos perdón, EPN ayer asumió como machito y con responsabilidad su error –cual haya sido–, lo que por fin le facultará de moralidad para accionar con fuerza ante quienes dentro de su gobierno y a quienes arropados en la “autonomía” de los gobiernos estatales, actúan con grossa desvergüenza. Ojalá esté percatado de eso. Ojalá lo aplique. Ojalá que alguien le avise.
No tiene nada de malo ser optimista, amigo lector. Igual y eso falta.
Entrando en la materia que debería de interesarnos a todos como sociedad, más allá de la merecida solicitud de disculpa que recibimos de nuestro guapo Presidente, nos dicen que con estas leyes, daremos paso un #SistemaNacionalAnticorrupcion. Algo así como el Suicide Squad. Aprovechando los consejos de los malos para atrapar a los más malos. Creo, algo así.
Lo importante aquí es que este sistema “presuntamente” estará soportado por una agenda legislativa continua, aplicada por las organizaciones civiles y académicas, quienes buscarán junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer que las leyes cuenten con un equilibrio entre la complejidad de su ejercicio y la interpretación para su aplicación por parte de los jueces y magistrados. Al final de cuentas en el ejercicio de la ley, lamentablemente, los “criterios” dependen de individuos y no de reglas claramente homologadas.
Negativo. Este no es un proyecto a corto o mediano plazo, pero a mí me gusta cómo va quedando la novela. Hay indicios de que una “alianza con la sociedad” pueda lograrse dada la temática y los resentimientos contra malos –saqueadores– gobiernos, que nos hagan de verdad participar. Tenemos tarea como sociedad y no está fácil.
¿Estamos preparados como ciudadanos para ser legales y éticamente correctos a la vez? De ese tamaño es el compromiso.
“Corrupción” es una palabra que escuchamos repetidas veces, todos los días. ¿Y cómo no? Si es la corrupción quien claramente exacerba las diferencias sociales y beneficia a unos cuantos. Conscientes de eso, ahora como sociedad hemos hechos tangibles los riesgos que tienen los malos gobiernos. La alternancia por castigo electoral, exigencia inmediata de auditorías y transparencia en las entregas/recepción, lo que apunta muchas veces a llevar gente a la cárcel.
Ya no se nos va a enamorar con las tan hermosas y prometedoras voluntades políticas. Ahora se exige de manera muy fuerte y frontal –a veces estridente–, que se haga más transparente la manera de gobernar. Estamos muy atentos y conocemos todas las posibles manifestaciones de corrupción, nos hemos acostumbrado a practicarla y vivir con ella. Es más, alguna culpa debemos de tener al dejar que la corrupción se convirtiera en un rotor esencial de la gobernanza mexicana, lo es tácitamente.
Hoy en día, todo funcionario público es corrupto hasta que se logre demostrar lo contrario (no lo digo yo).
- Yo celebro lo que hizo ayer, Señor Presidente y compañía, pero metan a la cárcel a quien deben y legitimen la lucha contra la corrupción. No lo dejen a la suerte de quienes buscan una bandera política rentable rumbo a las elecciones del veinte-dieciocho.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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