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México

¿Te quieres vacunar clandestinamente? Esto te puede suceder

Cualquier producto comercializado como vacuna Covid-19, sin importar su empaque, marca o ubicación, constituye un fraude y es riesgoso a la salud por ser de dudosa procedencia. Por el momento, esta comisión no ha expedido licencia a ningún particular para la venta o importación de estas vacunas, por lo que las personas pueden considerar cualquier oferta de este tipo como ilegal y un riesgo para la salud.

Caleb Ordoñez 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), recuerda que la aplicación de la vacuna preventiva contra Covid-19 es gratuita, y que cada lote debe ser inspeccionado y analizado por autoridades regulatorias para comprobar su efectividad y seguridad. Recibir un biológico que no cuenta con información sobre su procedencia, fabricación, almacenamiento, o caducidad no ofrece ninguna certidumbre sobre su efectividad para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Un producto apócrifo o irregular puede contener sustancias peligrosas o estar contaminado, por lo que es de alto riesgo para la salud inyectarlo al cuerpo. Todas las vacunas dentro del Plan Nacional de Vacunación cumplen requisitos de calidad y seguridad y se encuentran dentro de las especificaciones para su aplicación.

Piden denunciar establecimientos ajenos de Salud donde aplican vacunas

Cofepris pidió denunciar en caso de se conozca algún establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca cualquier producto haciéndolo pasar como vacuna contra Covid-19, esto a través de la página gob.mx/Cofepris.

Sobre los reportes de un establecimiento clandestino de vacunación para niñas, niños y adolescentes ubicado en el Estado de México, Cofepris señala que se encuentran en curso acciones de verificación y vigilancia sanitaria. Se colaborará con instituciones de procuración de justicia para las acciones que constituyan conductas delictivas.

También se estableció un grupo defarmacovigilancia activa dedicado a este caso, por lo que se exhorta a las personas, particularmente a responsables, padres y madres de menores de edad que se hubiesen aplicado alguna supuesta vacuna fuera de unidades autorizadas, a reportar cualquier reacción adversa o molestia a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx; se solicita identificar su notificación con la palabra “clandestina” en la descripción.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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