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Teme Morena que los paquetes electorales de Puebla ya estén alterados

En un hecho calificado como “histórico” por la propia magistrada presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad un recuento total y nuevo cómputo de los votos en los 26 distritos de Puebla para la elección a gobernador, al documentar un “número de irregularidades tal que no permiten tener certeza” sobre los resultados de los comicios del pasado 1 de julio en el estado.

La diferencia entre Martha Erika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el candidato de Morena, Barbosa Huerta, fue de 122 mil 36 votos, es decir, el 4.04% de la votación, y los siete magistrados del TEPJF decidieron que era procedente el recuento total.

El recuento en las 7 mil 174 casillas iniciará el 24 de septiembre y “puede prolongarse durante una semana”, admite la magistrada Otálora Malassis, entrevistada por Proceso sobre los alcances de esta decisión, que abren la posibilidad de anular los comicios para gobernador.

Barbosa Huerta celebró la “decisión histórica” del TEPJF, pero aclaró que “no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar”, ya que “todo el material que va a ser abierto y contado ha estado en manos de quienes han manipulado la elección”.

El exsenador afirmó ante medios de comunicación que “el recuento no garantiza toda la limpieza de la elección” porque “los pillos electorales fueron los mismos: el Instituto Electoral del Estado y los consejos distritales”.

El aspirante morenista indicó en su comunicado del 19 de septiembre que “la manipulación sobre el material electoral que el Instituto Electoral del Estado y sus direcciones, así como de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales ha sido permanente, antes, durante y después de la jornada electoral, sosteniendo de nuestra parte que la certeza en los resultados y la cadena de custodia en el material está perdida”.

No mencionó nada sobre el juicio que interpuso para anular la elección, pero Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) y asesor de Morena en el caso de Puebla, comentó a este semanario que la decisión del TEPJF “es una buena señal”.

“El problema es que, si lo que vimos en el hotel donde alteraron las actas estaba avanzado, los paquetes electorales deben estar alterados”, afirmó Nieto Castillo.

Sobre la violación del proceso de custodia y la anulación de los comicios a gobernador, la magistrada presidenta del TEPJF aclara que “corren por pistas separadas” y que, efectivamente, el recuento no significa automáticamente una anulación o una valoración sobre las dudas frente a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

“El proceso de la anulación de la elección sigue en el Tribunal Electoral de Puebla y tienen hasta el 10 de octubre para resolver sobre este tema. El caso de la impugnación por la presunta violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales aún está en el Tribunal de Puebla. El recuento total y estos dos temas anulación corren por ‘pistas separadas’”, aclara.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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