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Teoría Ranchera-Económica de los Impuestos por Martín Galván Castillo

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Ahora que está de moda hablar de impuestos, me dejaré caer con una explicación que nadie me pidió. Pero me vale un soberano comino si quieren que les explique o no. Igual voy a meter mi cuchara en este mole. A ver si no hago más batidero. O la riego. Pero toda decisión implica cierto riesgo al contener algún grado de incertidumbre y por lo tanto la posibilidad de estar fuera del conjunto absoluto de la verdad. Esto involucra también andar como becerro cerquero, brincando de un lado a otro la cerca entre la región inmaculada que contiene la verdad y la que contiene mentiras. Sin embargo tomar riesgos es lo mío y me voy a aventar. Total, parafraseando a la Tucita diré: “pa’ qué me dejan solo”.

Impuesto es el tributo que los habitantes de una sociedad deben aportar a una entidad que los gobierna para costear la administración de la vida en común. Esta definición ya desquitó la taza de café que me estoy tomando.

Es decir, si vives en una sociedad, pues tienes qué aportar. En efectivo, en especie o en chamba. Pero tienes qué cooperar. Es como cuando se hace una carne asada entre amigos, se arma la coperacha y se compra la cheve, el carbón, la carne, las tortillas y la salsa. Excluimos a propósito el guacamole de este ejemplo porque luego van a pensar que somos ricos y nos van querer cobrar más impuestos. Si no pusiste lana y asistirás a la pachanga, pues te llevas el quede de una botellita de una fiesta anterior. O ya de perdis, compras unas Big Cola de cuatro litros (ya sé que no hay de cuatro litros, pero no tardan en sacarla al mercado). O ya más, de perdis, pues preguntas de a cómo nos tocó, aunque sea solo por quedar bien y no pongas nada más que la buena intención. El caso es no llegar con las manos vacías o caer en el calificativo de gorrón. Se junta todo, se prepara todo y todos comen y la pachanguean. Si alguien no puso o puso menos y como quiera comió y pisteó, pues fue subsidiado por todos los demás.

Ahora viene un asunto de justicia en esto de la comedera y de la coperacha. Aquellos que estén hambreados y gorditos, pues necesitan comer más. Los que estamos (ajá) más flaquitos o a dieta, pues comemos menos. Todos tenemos necesidades diferenciadas. Unos se dejarán caer con la carne, otros con las cheves y algunos otros, con ambas. A los que se descuiden, pues no les tocará nada. Por otra parte, unos tienen trabajo bien remunerado y constante, y otros pues trabajan por su cuenta. Para unos a veces no hay y otras veces tampoco. Y por si fuera poco, algunos otros estudiaron administración del tiempo libre y traen la cartera con puros recaditos y papelitos. Así que, ¿deben todos poner igual? O bien, ¿debe poner cada quien según su ingreso o posibilidad?

Ya con la coperacha hecha, pues se manda a alguien a comprar la carne, las cheves, el carbón y todo lo demás. Pero hay que decidir qué comprar. Y a éste comprador se le puede ocurrir comprar puras light y a mí, sinceramente, me salen ronchas con las cosas light. Así que la intención sería darle gusto a la mayoría, o ya cuando menos, al que puso la casa. Como no es lo mismo lo que se pone y lo que se consume, a ese fenómeno se le nombra con la pomposa frase: “redistribución de la riqueza”.

Vaya lío. Pero si nomás es una carne asada.

Lo bueno de esto es que se la pasa uno genial y divertido. Comiendo o no. Aguantando a gorrones y a ponedores por igual.

Eso mismo pasa con nuestra sociedad. Los impuestos se cobran de acuerdo con el ingreso, las ganancias (renta), posesiones (propiedades), uso de los bienes comunes (derechos), el trabajo, a las compras, y otras cosas ingratas relacionadas con el dinero. La idea generalmente aceptada es que entre más tengas, más pones pa’ la carne. Ese dinero es juntado por el que hace la coperacha (creo que le dicen Secretaría de Hacienda). Luego los que tienen a su encargo la administración de la sociedad, o sea el Gobierno, nos propone a los que pagamos, qué pretende hacer con esa coperacha. El problema es que no nos pregunta a todos, más bien, le pregunta a nuestros representantes – mejor conocidos como “diputados” en el bajo mundo de la política- que normalmente ni se acuerdan de nosotros –excepción hecha de la temporada de elecciones-. Así que entre ellos deciden y nosotros pagamos el pato.

De todas formas Juan te llamas y algo te tocará poner. Ahora que si pudiendo no pones, pues estás en el calificativo de gorrón.

Como ya había dicho en anteriores escritos al gobierno le da ñañaras cobrar impuestos. Pero a nosotros nos da más ñañaras pagarlos. Pero el gobierno tiene que construir carreteras, pagarle a maestros en paro, pagarle a la policía y a los inútiles jueces, a los siempre bien amables burócratas y a nuestros eficientísimos diputados. Además de las inversiones que debe hacer en infraestructura, servicios y demás cosas necesarias para vivir en esta sociedad tan carcomida por el desánimo. ¿Y de dónde creen que sale la lana para todo eso? Pues de nuestros impuestos.

Pero qué tal que hace todos esos gastos y luego no nos cobra impuestos. Pues cae (del verbo “darse en la madre”) en algo que se llama déficit fiscal. Y los déficits alguien tiene que financiarlos. Si no pagamos impuestos hoy, pues los pagaremos mañana con intereses incluidos. Así están ahora los pobres griegos y ¡rediez!, también los habitantes de la Madre Patria. Ni qué decir de los gringos, pero esos así viven ya desde la World War II. Pero esa es otra historia y necesito otra cuchara para meterla en ese otro mole.

Además del tema de la justicia en el cobro de impuestos, de la redistribución de la riqueza a partir de la acción de gobierno viene otro tema escabroso: el impacto en la economía por esta misma causa.

En el hipotético caso de que no pagáramos impuestos todos los bienes y servicios que se usan en la sociedad se distribuirían a partir de un mecanismo ingrato pero muy preciso que se llama “mercado”. En este esquema, cada quien decide qué comprar, cuando comprar y cuánto está dispuesto a pagar. Si es que está en libertad de hacerlo. Y si es que tiene los medios para ejercer esa libertad. Y más todavía, si está en libertad de usar esos medios.

Ya batí el mole. Metí sin querer otro concepto difícil. Ya inmiscuí a la justicia y ahora a la libertad. Que Dios me agarre confesado. En fin, ahí les voy.

El mercado determina qué producir, cuánto producir, el precio de los productos y servicios a partir de las necesidades del consumidor y su capacidad de pago (demanda) y de la libre decisión de desear satisfacer esas necesidades y la capacidad de producción que tenga el productor (oferta). Así, se juntarán en algún lugar de Narnia y se podrán de acuerdo. A ese lugar se conoce con el escabroso nombre de “mercado”.

Pero, ¿y los que no tienen?, ¿y los que no estén en capacidad de producir?, ¿y los que aunque quieran no puedan?, ¿qué con los niños, los ancianos, los enfermos o los que no alcanzaron nada en la repartición de bienes de este mundo? Pues no podrán comprar y el mercado no les hará caso. Si no tienen con qué, pues simplemente no cuentan.

Es aquí donde entran en juego los impuestos. Deberán hacer partícipes de la carne asada a los que no puedan poner. Ni modo que nomás vean comer a los que sí pusieron. Así que los impuestos son una manera de hacer justicia a partir de la reducción de algunas libertades.

En otras palabras, con los impuestos le sacamos una lana al mercado y luego la repartimos entre los que no pueden participar del mismo. Justicia vs Libertad ¿quién ganará?

La bronca se traslada a saber cuánto hay que sacarle al mercado.

En el no tan hipotético caso de que el gobierno quitara el esquema de mercado y él decidiera qué producir, cuánto producir y cómo se reparte esa producción entre las necesidades de los individuos de la sociedad, pues estaríamos en un esquema ya experimentado en el lejano siglo XX: el comunismo. Mismo que colapsó ante la incapacidad de satisfacer eficientemente las tan mencionadas necesidades de la sociedad. Además, bajo este esquema la producción no se tiene el incentivo natural de la proporcionalidad entre el esfuerzo y la recompensa. Usando el ejemplo de la carne asada, si le pongo y me tocan dos cheves y si no le pongo, y como quiera me tocan dos cheves, pues temino por no poner, al cabo es igual. Y si nadie pone, caemos en el ya expuesto déficit.

Entonces hay que saber alumbrarle al santo. Ni tanto para que se queme, ni tan poco para que no se alumbre. O como dicen en mi rancho: caldearle el agua a los frijoles.

Debe usarse el mercado para generar y distribuir riqueza y satisfacer necesidades porque ha comprobado ser eficiente y rápido. Innovador, creativo y preciso. Pero también deben cobrarse impuestos para redistribuir esa riqueza y lograr proyectos que el mercado no haría si no fuera negocio (como la impartición de justicia, la construcción de presas, la prevención de enfermedades, la preservación ecológica o la difusión cultural entre muchas otras). La bronca real ahora está en decidir cuánto y de qué manera. A quienes y porqué a mí.

Si le sacamos muchos recursos al mercado a través de los impuestos, la producción bajará y los productos y servicios serán más caros al ser más escasos. Si las cosas se vuelven más caras, la gente no podrá comprarlas, así que dependerá más de la ayuda del gobierno. Si no hay quien compre, pues no hay producción, si no hay producción, no hay empleo y si no hay empleo, pues no hay ingreso. Y si no hay ingreso, pues menos se gasta. Y si esto pasa, pues entramos en la escalofriante recesión.

Pero aún no termino. Si vamos a pagar impuestos, éstos deben usarse en la sociedad de una manera moralmente aceptable. ¡Chin! ¡Ya la fregamos! Ahora metimos el concepto de moralidad. A mí en lo personal me repatea el estómago saber que mis impuestos pagan las fiestas del señor gobernador. Las fastuosas fiestas que el gobierno ofrece a unos cuantos el fin de año. Que se dispendien en proyectos inútiles. Que paguen la promoción de los gobiernos y sus funcionarios para que aparezcan guapos y muy trabajadores en los periódicos, en la radio y en la tele. Que sobornen y corrompan a líderes de la sociedad. Que con el dinero que tanto trabajo reunimos se paguen las tranzas de los políticos y se llenen las cuentas de funcionarios en Suiza y en las Islas Caimán. No sería aceptable que a quien mandamos a comprar las cosas para la carne asada se quede con la lana de la coperacha. Ni se compró la carne para quemarla ni las cheves para tirarlas. O peor aún, para que algún vivo se las lleve. Puede llevarse las salsas y las tortillas, pero las cheves, ¡eso sí que no! Daría mi vida por rescatar las cheves del extraño enemigo.

Así es mis hijos.

Ya me cansé de escribir como trastornado estas cuatro cuartillas. Sobre todo porque es sábado, es fin de semana largo gracias a los héroes que nos dieron patria, y los sábados toca. Toca carne asada y cheves. Y más vale que me apresure, porque si no, se van pistear las cheves que me tocan y como quiera me van a pedir mi parte.

Así que, ya con esta me despido, disculpen lo mal trovado. Nos vemos luego de la independencia, a ver si con el grito se nos quita lo apendejado.

Salud y felices fiestas…
Ah, y mejores impuestos

[email protected]

MGC

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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