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México

TEPJF da luz verde a encuesta para renovar dirigencia de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad el mecanismo de encuesta para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante una sesión vía teleconferencia, los magistrados decidieron desechar las 14 impugnaciones presentadas por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido, y por militantes como Gibrán Ramírez Reyes, en contra de las modificaciones efectuadas a los lineamientos de la convocatoria, así como a una presunta ausencia de reglas.

Durante la explicación de su proyecto, el magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, expuso que los integrantes de la Sala Superior determinaron que la Ley de Partidos Políticos permite la participación.

“Pensamos que también era un camino confiable, porque efectivamente este Instituto Nacional Electoral es una autoridad que cuenta con la confianza de la ciudadanía y que se rige por los principios electorales. Es por eso que estamos desestimando todos los argumentos que se nos presentan en el sentido de que se incumplieron los principios electorales”, expuso.

Respecto a la inconformidad sobre la supuesta violación al principio de igualdad, al postular un número mayor de mujeres que de hombres, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso aclaró que “la paridad no es un techo para las mujeres. La paridad para las mujeres es un piso mínimo, una base a partir de la cual se está construyendo una igualdad transversal”.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, argumentó que de haber aceptado la suspensión del proceso de selección, “se estarían desconociendo las sentencias previas que emitimos desde esta Sala Superior, cuando el contexto de hoy y el contexto en que se emitieron sigue siendo el mismo”.

“En las resoluciones más recientes se confirmó la implementación de la encuesta en un contexto en el que ya transcurría el proceso electoral 2020-2021. Al día de hoy no hay ningún cambio de circunstancia, ni existe razón alguna por la cual deba aplazarse el proceso de renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena”, expuso.

El Tribunal rechazó la filtración de “documentos de trabajo”, como sucedió el pasado domingo, cuando se divulgó el proyecto del magistrado Fuentes Barrera. En el proyecto “filtrado” se proponía revocar el proceso de renovación de la presidencia y secretaría general del CEN de Morena.

En respuesta, el diputado Mario Delgado, aspirante a la presidencia nacional de Morena, declaró el lunes que consideraba “grave” el proyecto del magistrado Fuentes Barrera, para que el Tribunal anule el proceso de elección de la dirigencia nacional de ese partido, que lleva a cabo el INE.

Durante la sesión del lunes, Fuentes Barrera afirmó que este era “un documento de trabajo que se somete a consideración de los Magistrados para detonar un diálogo jurídico, un diálogo constitucional que permita construir las mejores soluciones ”. Varios magistrados también se posicionaron en contra de las filtraciones de dichos documentos.

Los finalistas

Entre los aspirantes a dirigir Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se situó como el candidato más reconocido, con 14 puntos de diferencia, sobre el también diputado Mario Delgado, quien ocupó el segundo lugar.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de reconocimiento, el INE informó que los candidatos finalistas para la dirigencia de Morena son, en orden alfabético: Mario Delgado, Hilda Mirna Díaz, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky.

Fuente; Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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