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México

TEPJF rechaza investigar a exconsejeros del INE por aplazamiento de la revocación de mandato

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió desechar el recurso que buscaba investigar a exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su participación en la decisión de posponer la revocación de mandato durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con una votación de cuatro magistrados a favor y dos en contra, el Tribunal determinó que no tiene competencia para intervenir en el proceso abierto por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora votaron en contra, argumentando que el TEPJF sí debería tener atribuciones para conocer el fondo del asunto.

El recurso había sido promovido por la consejera Claudia Zavala, en relación con los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE —con los votos de los consejeros Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como de los entonces consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña— aprobó posponer temporalmente la organización del ejercicio de revocación de mandato.

La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados aplicara un recorte de 3 mil 830 millones de pesos al presupuesto del INE para 2022, lo que, según el organismo, impedía realizar el proceso en los términos previstos por la ley.

Posteriormente, el 24 de diciembre de ese mismo año, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros por dicha determinación. Sin embargo, cinco días después desistió de la acción legal tras las críticas que desató la denuncia.

Con esta resolución, el TEPJF pone fin a un capítulo más del largo debate institucional generado por la revocación de mandato, uno de los ejercicios más polémicos del sexenio de López Obrador.

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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