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México

TEPJF rechaza investigar a exconsejeros del INE por aplazamiento de la revocación de mandato

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió desechar el recurso que buscaba investigar a exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su participación en la decisión de posponer la revocación de mandato durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con una votación de cuatro magistrados a favor y dos en contra, el Tribunal determinó que no tiene competencia para intervenir en el proceso abierto por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora votaron en contra, argumentando que el TEPJF sí debería tener atribuciones para conocer el fondo del asunto.

El recurso había sido promovido por la consejera Claudia Zavala, en relación con los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE —con los votos de los consejeros Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como de los entonces consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña— aprobó posponer temporalmente la organización del ejercicio de revocación de mandato.

La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados aplicara un recorte de 3 mil 830 millones de pesos al presupuesto del INE para 2022, lo que, según el organismo, impedía realizar el proceso en los términos previstos por la ley.

Posteriormente, el 24 de diciembre de ese mismo año, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros por dicha determinación. Sin embargo, cinco días después desistió de la acción legal tras las críticas que desató la denuncia.

Con esta resolución, el TEPJF pone fin a un capítulo más del largo debate institucional generado por la revocación de mandato, uno de los ejercicios más polémicos del sexenio de López Obrador.

México

Agricultores y transportistas anuncian paro nacional para el 24 de noviembre

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Ciudad de México.– Agricultores y transportistas de todo el país convocaron a un paro nacional el próximo lunes 24 de noviembre, ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal sobre la fijación de precios para el maíz y la creciente inseguridad en las carreteras.

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, señaló en conferencia de prensa que los productores rechazan los “supuestos acuerdos” anunciados por las autoridades para subsidiar el precio del grano, al considerar que solo benefician a empresarios y no al campo mexicano.

Desde el Palacio Nacional, Rodríguez Gómez anunció una alianza entre agricultores y transportistas para fortalecer las movilizaciones que han mantenido en los últimos días. “Hay una estrecha relación entre los productores del campo y los transportistas. Si no fuera por ellos, no podríamos llevar los alimentos a las mesas. Y ellos también están siendo agraviados, asaltados y extorsionados en las carreteras”, declaró.

Baltazar Valdez, también integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo, informó que la primera acción conjunta será el paro nacional del 24 de noviembre, que implicará detener el transporte de carga “desde su origen”. Aclaró que no se bloqueará el paso de vehículos privados ni del transporte de pasajeros.

Además, anunció que los manifestantes realizarán la toma de aduanas como medida de presión para ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Acusó que en los encuentros con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, solo han recibido “promesas incumplidas”.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), llamó a sus agremiados a sumarse al paro y acusó al gobierno de falsear las cifras sobre violencia en carreteras. “Seguimos trabajando con miedo e incertidumbre de salir a carretera y no volver a casa”, dijo.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo presentó también un pronunciamiento con sus principales demandas, entre ellas el reconocimiento del Estado a la agricultura nacional, la creación de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero, la exclusión de los granos en la revisión del T-MEC prevista para 2026, y la publicación de precios de garantía para los alimentos.

En días recientes, los agricultores han realizado movilizaciones en 25 estados del país, insistiendo en establecer un precio mínimo de 6 mil pesos por tonelada de maíz.

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