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Política

Tercer candidato a gubernatura es investigado por financiamiento ilícito en campaña

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Luego de darse a conocer que un par de gobernadores electos forman parte de las investigaciones de las autoridades mexicanas por presuntos vínculos con el crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló un tercer nombre.

De acuerdo con los datos del diario Milenio, la UIF prepara diversas denuncias en contra de tres gobernadores electos, donde relució el nombre de Octavio Pedroza, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD en San Luis Potosí.

Pedroza habría sido identificado dentro de un presunto esquema de financiamiento irregular, en donde destacaron triangulaciones de recursos provenientes de cuentas bancarias en Tamaulipas, informó la periodista Jannet López Ponce.

No es el único en dicho estado. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue señalado de mantener presuntos nexos con las organizaciones criminales de Los Zetas y el cártel del Noroeste.

Gallardo fue detenido en 2015 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV; fue liberado casi un año después.

(Foto: Twitter/octaviopedroza)(Foto: Twitter/octaviopedroza)

Hasta el momento, ni Pedroza, el Partido Acción Nacional ni su dirigente nacional, Marko Cortés, han dado su versión de los hechos, pero sí defendieron la candidatura de quien llamaron un “narcogobernador”.

Cortés informó en fechas recientes que demandará un recuento “voto por voto, casilla por casilla” de las elecciones en San Luis Potosí y en la alcaldía Xochimilco (Ciudad de México), ante lo cerrado de la contienda electoral.

“Hacemos votos y contaremos por eso los votos, para que San Luis Potosí no tenga un narcogobernador. Pediremos conteo voto por voto, casilla por casilla, porque lo que hoy tenemos son más votos nulos que la diferencia entre primer lugar y el segundo lugar”, señaló el presidente del PAN, Marko Cortés.

Sin embargo, la diferencia fue bastante marcada. De acuerdo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el gobernador electo obtuvo 458 mil 156 votos que representan el 37.69 por ciento, mientras que el segundo lugar obtuvo 400 mil 273 votos que equivalen al 32.93 por ciento.

Rubén Rocha Moya (Foto: Facebook@RochaMoyaR )Rubén Rocha Moya (Foto: Facebook@RochaMoyaR )

El tercer candidato es Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y gobernador electo de Sinaloa, a quien se le vincula con el cártel de Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán Ismael El Mayo Zambada.

Diputados también son investigados

En las investigaciones de la UIF también aparecen tres diputados federales, todos ellos de la coalición Morena-Partido del Trabajo, PVEM, informó la periodista Jannet López para Milenio.

Se trata de Emmanuel Reyes Carmona, ganador en Guanajuato; así como Francisco Javier Huacus Esquivel, electo en Michoacán, además de Miguel Pavel Jarero Velázquez, reelecto como diputado.

Los supuestos vínculos serían respectivamente con el Cártel Santa Rosa de Lima de José Antonio Yépez Ortiz, Los Viagras en la región específica de Apatzingán y una más sin identificar.

Ante esto, el medio confirmó que la UIF ya prepara las denuncias correspondientes por delitos electorales, pues hasta el momento, no se ha presentado ninguna acusación formal.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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