El número de muertos por el terremoto de Nepal aumenta cada hora, pero las dificultades para llevar una contabilidad precisa son más que comprensibles.
Por el momento, las cifras oficiales van por más de 4.310 muertos, casi 8.000 heridos y ocho millones de afectados.
El caos propio de una catástrofe como la causada por el sismo, y el difícil acceso a algunas de las zonas más afectadas, ciertamente hacen más complejo el conteo e identificación a las víctimas.
Pero la tarea también se complica por la presencia en el país de miles de refugiados de etnia tibetana, en su inmensa mayoría sin ningún tipo de documentación.
Los tibetanos empezaron a llegar de China a través de la cordillera del Himalaya en 1959, cuando se completó la ocupación de Tíbet por Pekín.
Y como explica el periodista de la BBC Rani Singh, han estado arriesgando su vida en el peligroso cruce desde entonces hasta el día de hoy.
Por lo general su objetivo es encontrar refugio en Nepal o atravesar el país para llegar a India.
Un pequeño número fue procesado por las autoridades y alojado en un centro para refugiados de la capital, Katmandú.
Pero solo una minoría de tibetanos de segunda generación ha obtenido la nacionalidad nepalí, lo que significa que la inmensa mayoría vive en la ilegalidad.
«No tienen derechos como otros residentes, ni tarjetas de identidad. No tienen Estado propio y por lo tanto son invisibles», afirma Singh.
Y Nepal le rehúye al tema porque no quiere molestar a su poderoso vecino del norte, China, que también es uno de los principales inversionistas en el país.
Los más pobres de los pobres
La mayoría de los étnicamente tibetanos vive además calladamente fuera de Katmandú, en aldeas remotas dispersas en las montañas.
«Esas aldeas están justo en la zona más afectada por el terremoto. Pero los muertos ahí no pueden ser identificados formalmente, porque oficialmente no existen», explica Singh.
Y aldeas étnicamente tibetanas, como Bridim –ubicada al norte de Katmandú y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar– se cuentan además entre las más pobres del país.
El Fondo de Desarrollo Dolma, una de los pocos organismos no gubernamentales que atiende a los pobladores de origen tibetano en Nepal, tiene una escuela cerca de la zona, devastada por el peor terremoto de los últimos 80 años.
«Bridim quedo virtualmente reducida a escombros», le dijo la jefe financiera de Dolma, Carla Texeira Alvares Kaspar, a la BBC.
«No tenemos idea de cuántas personas pueden haber sobrevivido. Las misiones de rescate no están operando en zonas tan aisladas», agregó.
Y Texeira Alvares también está preocupada por el suministro de agua potable en Bhorle, un valle cercano donde también viven numerosos refugiados de origen tibetano.
«Es un gran barrio marginal. Ahí tenemos muchos niños. Y sólo hay una tubería de agua que baja de las montañas. Si se desconecta se quedan sin nada y las enfermedades se pueden esparcir muy rápidamente», advirtió.
La mujer también mencionó «horrendos deslaves» en Dhunche.
«No hay casi electricidad ni comunicaciones. Y para los refugiados, es como la gota que derrama el vaso. Ya era imposible antes. Y ahora hay mucha destrucción en Katmandú».
«Las lluvias monzónicas llegarán en un mes o dos, por lo que no creo que vayan a reestablecer la electricidad o las comunicaciones con las montañas antes de diciembre. Todo se va a para por los monzones», lamentó.
Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.
Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.
En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.
Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.
Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.