Madres y familiares de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, que permanecen en plantón frente a la Fiscalía local, exigieron a la procuradora General de la República, Marisela Morales; al gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al fiscal estatal, Carlos Manuel Salas, les expliquen a cuántas y a qué personas pertenecen los restos óseos localizados entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en el Valle de Juárez.
Encabezadas por María García Reynosa, madre de Jessica Leticia Peña García, desaparecida en 2010 y cuyos restos fueron recientemente identificados y entregados el viernes pasado, las madres cumplen hoy cuatro días frente a la dependencia junto con los restos de la niña de 15 años en un féretro. Advirtieron que no se moverán de ahí hasta obtener una respuesta.
El pasado viernes, la Fiscalía General de estado de Chihuahua informó sobre la identificación de los restos óseos de tres menores de edad: Jessica Leticia Peña García; Andrea Guerrero Venzor, también de 15 años, y Lizbeth Avilés García, de 17.
Los restos fueron localizados, junto con varios más, en el perímetro que va del poblado de San Agustín al del Porvenir, en el Valle de Juárez.
Ante ello, integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas se instalaron en plantón frente a la Fiscalía Zona Norte en Ciudad Juárez, para exigir información precisa sobre los cadáveres encontrados.
En entrevista vía telefónica, Ricardo Alanís, padre de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009, exigió «justicia».
«La madre de Jessica está con los restos de su hija velándolos en las afueras de la Fiscalía como medida de presión para que las autoridades respondan. El plantón es indefinido hasta que vengan la procuradora Marisela Morales, el gobernador Duarte y el fiscal Carlos Manuel Salas», abundó.
El padre de la joven que desapareció al salir de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez indicó: «Se rumora que tienen otras 12 (osamentas), que ya están identificadas, que hay 20, que hay 25. Ya no queremos rumores, queremos que nos den su palabra. Que si hay (más restos) los entreguen rápido y si no hay también nos lo digan… Que como máximas autoridades asuman su responsabilidad y nos informen».
El grito de la señora María, madre de Jessica, es el grito de todas las madres y familiares, «justicia y que nos informen para que se acaben los rumores y no las torturen más sin saber si son o no sus hijas», enfatizó Ricardo Alanís.
NEGLIGENCIA
La Fiscalía General de Chihuahua reporta que desde 1993 a la fecha están vigentes 116 casos de mujeres desaparecidas. Sin embargo, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas plantea que hay alrededor de 200 casos pendientes de esclarecerse y que la mayoría de ellos ocurrió en el centro de la urbe fronteriza.
Imelda Marrufo, coordinadora de la Red, dijo vía telefónica que su organización y el Comité no cederán en el reclamo de que se les informe sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se localizan en el Servicio Médico Forense (Semefo), adscrito a la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
La activista demandó que la identificación de las víctimas se realice «en un periodo prudente», y propuso una auditoría al Semefo de Juárez para saber el número exacto de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se encuentran ahí.
Marrufo criticó la inoperancia del llamado Protocolo Alba, mecanismo vigente desde 2005 en Juárez para coordinar la investigación de las desapariciones de niñas y mujeres.
Añadió que ese procedimiento es «discriminatorio», ya que sólo se activa en casos de alto riesgo, lo que depende del criterio de quien toma la denuncia. Detalló que en 2011 el Protocolo Alba sólo se activó en nueve ocasiones y una en lo que va de este año.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) reporta que de 2005 a agosto de 2010 ese protocolo se activó únicamente 31 ocasiones, es decir cinco veces por año, cuando tan sólo en 2010 hubo 110 casos de mujeres desaparecidas.
La coordinadora de la Red recordó que la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordena la estandarización de protocolos, a fin de garantizar su funcionalidad, sin embargo hasta diciembre pasado las autoridades no informaron si esto ya se había realizado con el Protocolo Alba.
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