Las personas tienen el “derecho a ser olvidados” y buscadores como Google deben eliminar ciertos enlaces no deseados, decidió la principal corte de Europa en un dictamen sorpresivo este martes.
El caso, que destacó el enfrentamiento entre defensores de la privacidad y libertad de información, se centró en los esfuerzos de un hombre español por eliminar enlaces históricos a sus problemas de deudas.
En su decisión, la Corte de Justicia Europea encontró que los operadores de buscadores como Google eran los “controladores” de la información. Por lo tanto eran responsables de eliminar enlaces no deseados si se les pedía.
«Un operador de buscador de internet es responsable del procesamiento que realiza de datos personales que aparecen en páginas web publicadas por terceros”, dijeron los jueces en un comunicado sobre el dictamen.
Un vocero de Google, en un correo electrónico a CNN, dijo que el dictamen era “decepcionante” y que la empresa necesitaba tiempo para “analizar las implicaciones”. Google afirmó previamente que solo presentaba los datos y dijo que dependía de los sitios web individuales eliminar los datos.
La decisión fue una sorpresa para los expertos legales y de la industrial, ya que es contraria a la opinión del Abogado General de la corte, cuya guía normalmente es seguida.
«Para Google, este resultado crea un dolor de cabeza; y costos potencialmente altos”, dijo Paul Bernal, conferencista de la Escuela de Leyes de la Universidad East Anglia en Reino Unido. “El dictamen se ve como una decisión fuerte a favor de la privacidad y los derechos individuales; y en contra de los modelos de negocio de los buscadores, y ciertos aspectos de la libertad de expresión”.
El caso surgió en 2010, cuando Mario Costeja González se quejó con la Agencia Española de Protección de Datos sobre una vieja noticia del periódico que detallaba sus deudas de seguridad social.
El anuncio fue colocado en un periódico español por el Ministerio del Trabajo en 1998. Detallaba una subasta de propiedades realizada para recuperar las deudas.
González afirmó que había resuelto sus deudas y que la información ya no era relevante. Se quejó de que los detalles sobre sus viejas deudas salían en los resultados de búsqueda de Google, que dijo violaban sus derechos de protección de datos.
El vigilante español de la privacidad rechazó la queja contra el periódico, al decir que estaba bien publicar la información en el momento de la subasta.
Sin embargo, también dijo que Google no tenía derecho de difundir la noticia sobre Costeja González y dictaminó que el buscador debía eliminar el enlace de la lista de resultados. Google desafió el dictamen con la Corte Superior de España que refirió el caso a la mayor corte de la Unión Europea.
El vigilante internacional Index on Censorship dijo que el dictamen “viola los principios fundamentales de la libertad de expresión”.
«Permite que los individuos se quejen con los buscadores sobre información que no les gusta sin supervisión legal. Esto es similar a entrar a una biblioteca y forzarla a destruir libros”, dijo Index en un comunicado.