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Tlatlaya ha sido muy costoso: Salvador Cienfuegos

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En el despacho de uno de los hombres más poderosos del País hay tres generales, José María Morelos y Vicente Guerrero, cuyos retratos cuelgan de la pared, y el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien vestido con un uniforme azul, que en su hombros tiene bordadas en dorado cuatro estrellas y el Escudo Nacional, deja correr con fluidez sus opiniones acerca de los riesgos que enfrenta actualmente la seguridad nacional y responde con claridad y sin regateo cada una de la preguntas. No hay temas vetados. Ante los asuntos incómodos, como Tlatlaya, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición del fuero militar o el “alto costo” que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar con parte de su prestigio por hacer las labores de seguridad que los cuerpos policiales han sido incapaces de cumplir, el general Cienfuegos responde de manera directa y sin buscar esconderse detrás de eufemismos, dice lo que piensa, y por los cambios en el tono de su voz y en sus expresiones corporales a leguas se pueden identificar los temas que le molestan o que le indignan. Salvador Cienfuegos Zepeda nació en la ciudad de México y acaba de cumplir 67 años de edad el pasado día 14, 51 de los cuales ha pertenecido al Ejército Mexicano. Ingresó al Colegio Militar a los 16.

En su despacho, tras haber pasado por todos los grados, hoy tiene el reto de dirigir unas Fuerzas Armadas que todos los días tienen que poner en las calles entre 35 mil y 45 mil soldados que deben pelear una guerra para la que no fueron entrenados, una lucha contra la delincuencia en la que permanecerán al menos durante todo este sexenio pues dice que él no ve “esfuerzos decididos en la gran mayoría de los estados” del País para fortalecer y sus policías. “A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda”.

Se identifican al menos media docena de riesgos de seguridad nacional que hoy enfrenta el País: los desastres naturales, la delincuencia organizada, los ciberataques, el terrorismo, el tráfico de personas y uno muy especial: la corrupción.

“Sí, es un riesgo a la seguridad nacional la corrupción y se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que ésta sea contenida, y sí, queremos la sociedad tener un gobierno legal, legítimo y que combata a la corrupción, pero esto debe ser atendido en parte por la sociedad y en parte por los gobiernos”.

Asegura que el caso de Tlatlaya, en el que ocho soldados son acusados de haber asesinado a 22 civiles, presuntamente criminales, durante un enfrentamiento ha sido “muy costoso” para el Ejército.

El general Cienfuegos pide no realizar juicios anticipados y muestra su inconformidad por el hecho de que algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado culpables a los militares sin que siquiera haya iniciado el juicio en el Poder Judicial.

“Yo creo que tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más. Y si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron, habrá que reconocer su inocencia. Esa es mi forma de pensar.

Acerca del tema de los derechos humanos, el general hace una reflexión sobre lo que considera una incongruencia inexplicable.

“Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables”.

EL CASO TLATLAYA Y LOS DERECHOS HUMANOS

General, ¿qué tan costoso ha sido para el Ejército el tema de Tlatlaya?

— Pues muy costoso porque también, ya lo decíamos, me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas. Creo que ha faltado información y, sobre todo, la sociedad a veces no está enterada de todas las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, a mí me piden que explique lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, el asunto es que, desde hace un año, el 13 de junio del año pasado, el Congreso acotó el fuero militar y ahora nosotros estamos impedidos para investigar los hechos en que resulten afectados civiles. Por lo pronto, no tengo una información respecto a la investigación. Tenemos nuestros propios procedimientos, delitos del orden militar los atendemos con nuestro sistema de justicia. En eso vamos caminando. Respecto a Tlatlaya, yo lo que puedo decir: lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas, con armas que son de uso exclusivo del Ejército, y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa, entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados, no sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo donde sucedieron los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos, es información abierta; no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas, las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos, todos tenían alcohol y, bueno, pues entiendo que estuvieron de fiesta hasta las 2, 3 de la mañana; los hechos se dan alrededor de las 5:30 de la mañana; yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo sucedió.

Nosotros tenemos al personal militar sujeto a proceso, en el fuero militar por incumplimiento oficial. Debió haber sido con un número mayor de efectivos, más vehículos, con un conocimiento del patrullaje que iba a hacer, que es una orden que tienen todos los servicios, salir en las horas de oscuridad, ya al final del día o al amanecer, con la idea de evitar esos daños colaterales, donde ha habido inocentes que han padecido consecuencias de estos enfrentamientos que se dan con los criminales.

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

– Desastres naturales

– Delincuencia organizada

– Ciberataques

– Terrorismo

– Tráfico de personas

– Corrupción

Entrevista extraída de Vanguardia

México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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