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México

Tlatlaya ha sido muy costoso: Salvador Cienfuegos

En el despacho de uno de los hombres más poderosos del País hay tres generales, José María Morelos y Vicente Guerrero, cuyos retratos cuelgan de la pared, y el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien vestido con un uniforme azul, que en su hombros tiene bordadas en dorado cuatro estrellas y el Escudo Nacional, deja correr con fluidez sus opiniones acerca de los riesgos que enfrenta actualmente la seguridad nacional y responde con claridad y sin regateo cada una de la preguntas. No hay temas vetados. Ante los asuntos incómodos, como Tlatlaya, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición del fuero militar o el “alto costo” que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar con parte de su prestigio por hacer las labores de seguridad que los cuerpos policiales han sido incapaces de cumplir, el general Cienfuegos responde de manera directa y sin buscar esconderse detrás de eufemismos, dice lo que piensa, y por los cambios en el tono de su voz y en sus expresiones corporales a leguas se pueden identificar los temas que le molestan o que le indignan. Salvador Cienfuegos Zepeda nació en la ciudad de México y acaba de cumplir 67 años de edad el pasado día 14, 51 de los cuales ha pertenecido al Ejército Mexicano. Ingresó al Colegio Militar a los 16.

En su despacho, tras haber pasado por todos los grados, hoy tiene el reto de dirigir unas Fuerzas Armadas que todos los días tienen que poner en las calles entre 35 mil y 45 mil soldados que deben pelear una guerra para la que no fueron entrenados, una lucha contra la delincuencia en la que permanecerán al menos durante todo este sexenio pues dice que él no ve “esfuerzos decididos en la gran mayoría de los estados” del País para fortalecer y sus policías. “A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda”.

Se identifican al menos media docena de riesgos de seguridad nacional que hoy enfrenta el País: los desastres naturales, la delincuencia organizada, los ciberataques, el terrorismo, el tráfico de personas y uno muy especial: la corrupción.

“Sí, es un riesgo a la seguridad nacional la corrupción y se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que ésta sea contenida, y sí, queremos la sociedad tener un gobierno legal, legítimo y que combata a la corrupción, pero esto debe ser atendido en parte por la sociedad y en parte por los gobiernos”.

Asegura que el caso de Tlatlaya, en el que ocho soldados son acusados de haber asesinado a 22 civiles, presuntamente criminales, durante un enfrentamiento ha sido “muy costoso” para el Ejército.

El general Cienfuegos pide no realizar juicios anticipados y muestra su inconformidad por el hecho de que algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado culpables a los militares sin que siquiera haya iniciado el juicio en el Poder Judicial.

“Yo creo que tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más. Y si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron, habrá que reconocer su inocencia. Esa es mi forma de pensar.

Acerca del tema de los derechos humanos, el general hace una reflexión sobre lo que considera una incongruencia inexplicable.

“Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables”.

EL CASO TLATLAYA Y LOS DERECHOS HUMANOS

General, ¿qué tan costoso ha sido para el Ejército el tema de Tlatlaya?

— Pues muy costoso porque también, ya lo decíamos, me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas. Creo que ha faltado información y, sobre todo, la sociedad a veces no está enterada de todas las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, a mí me piden que explique lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, el asunto es que, desde hace un año, el 13 de junio del año pasado, el Congreso acotó el fuero militar y ahora nosotros estamos impedidos para investigar los hechos en que resulten afectados civiles. Por lo pronto, no tengo una información respecto a la investigación. Tenemos nuestros propios procedimientos, delitos del orden militar los atendemos con nuestro sistema de justicia. En eso vamos caminando. Respecto a Tlatlaya, yo lo que puedo decir: lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas, con armas que son de uso exclusivo del Ejército, y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa, entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados, no sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo donde sucedieron los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos, es información abierta; no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas, las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos, todos tenían alcohol y, bueno, pues entiendo que estuvieron de fiesta hasta las 2, 3 de la mañana; los hechos se dan alrededor de las 5:30 de la mañana; yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo sucedió.

Nosotros tenemos al personal militar sujeto a proceso, en el fuero militar por incumplimiento oficial. Debió haber sido con un número mayor de efectivos, más vehículos, con un conocimiento del patrullaje que iba a hacer, que es una orden que tienen todos los servicios, salir en las horas de oscuridad, ya al final del día o al amanecer, con la idea de evitar esos daños colaterales, donde ha habido inocentes que han padecido consecuencias de estos enfrentamientos que se dan con los criminales.

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

– Desastres naturales

– Delincuencia organizada

– Ciberataques

– Terrorismo

– Tráfico de personas

– Corrupción

Entrevista extraída de Vanguardia

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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