México
Tlatlaya ha sido muy costoso: Salvador Cienfuegos
En el despacho de uno de los hombres más poderosos del País hay tres generales, José María Morelos y Vicente Guerrero, cuyos retratos cuelgan de la pared, y el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien vestido con un uniforme azul, que en su hombros tiene bordadas en dorado cuatro estrellas y el Escudo Nacional, deja correr con fluidez sus opiniones acerca de los riesgos que enfrenta actualmente la seguridad nacional y responde con claridad y sin regateo cada una de la preguntas. No hay temas vetados. Ante los asuntos incómodos, como Tlatlaya, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición del fuero militar o el “alto costo” que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar con parte de su prestigio por hacer las labores de seguridad que los cuerpos policiales han sido incapaces de cumplir, el general Cienfuegos responde de manera directa y sin buscar esconderse detrás de eufemismos, dice lo que piensa, y por los cambios en el tono de su voz y en sus expresiones corporales a leguas se pueden identificar los temas que le molestan o que le indignan. Salvador Cienfuegos Zepeda nació en la ciudad de México y acaba de cumplir 67 años de edad el pasado día 14, 51 de los cuales ha pertenecido al Ejército Mexicano. Ingresó al Colegio Militar a los 16.
En su despacho, tras haber pasado por todos los grados, hoy tiene el reto de dirigir unas Fuerzas Armadas que todos los días tienen que poner en las calles entre 35 mil y 45 mil soldados que deben pelear una guerra para la que no fueron entrenados, una lucha contra la delincuencia en la que permanecerán al menos durante todo este sexenio pues dice que él no ve “esfuerzos decididos en la gran mayoría de los estados” del País para fortalecer y sus policías. “A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda”.
Se identifican al menos media docena de riesgos de seguridad nacional que hoy enfrenta el País: los desastres naturales, la delincuencia organizada, los ciberataques, el terrorismo, el tráfico de personas y uno muy especial: la corrupción.
“Sí, es un riesgo a la seguridad nacional la corrupción y se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que ésta sea contenida, y sí, queremos la sociedad tener un gobierno legal, legítimo y que combata a la corrupción, pero esto debe ser atendido en parte por la sociedad y en parte por los gobiernos”.
Asegura que el caso de Tlatlaya, en el que ocho soldados son acusados de haber asesinado a 22 civiles, presuntamente criminales, durante un enfrentamiento ha sido “muy costoso” para el Ejército.
El general Cienfuegos pide no realizar juicios anticipados y muestra su inconformidad por el hecho de que algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado culpables a los militares sin que siquiera haya iniciado el juicio en el Poder Judicial.
“Yo creo que tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más. Y si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron, habrá que reconocer su inocencia. Esa es mi forma de pensar.
Acerca del tema de los derechos humanos, el general hace una reflexión sobre lo que considera una incongruencia inexplicable.
“Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables”.
EL CASO TLATLAYA Y LOS DERECHOS HUMANOS
General, ¿qué tan costoso ha sido para el Ejército el tema de Tlatlaya?
— Pues muy costoso porque también, ya lo decíamos, me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas. Creo que ha faltado información y, sobre todo, la sociedad a veces no está enterada de todas las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, a mí me piden que explique lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, el asunto es que, desde hace un año, el 13 de junio del año pasado, el Congreso acotó el fuero militar y ahora nosotros estamos impedidos para investigar los hechos en que resulten afectados civiles. Por lo pronto, no tengo una información respecto a la investigación. Tenemos nuestros propios procedimientos, delitos del orden militar los atendemos con nuestro sistema de justicia. En eso vamos caminando. Respecto a Tlatlaya, yo lo que puedo decir: lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas, con armas que son de uso exclusivo del Ejército, y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa, entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados, no sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo donde sucedieron los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos, es información abierta; no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas, las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos, todos tenían alcohol y, bueno, pues entiendo que estuvieron de fiesta hasta las 2, 3 de la mañana; los hechos se dan alrededor de las 5:30 de la mañana; yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo sucedió.
Nosotros tenemos al personal militar sujeto a proceso, en el fuero militar por incumplimiento oficial. Debió haber sido con un número mayor de efectivos, más vehículos, con un conocimiento del patrullaje que iba a hacer, que es una orden que tienen todos los servicios, salir en las horas de oscuridad, ya al final del día o al amanecer, con la idea de evitar esos daños colaterales, donde ha habido inocentes que han padecido consecuencias de estos enfrentamientos que se dan con los criminales.
RIESGOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
– Desastres naturales
– Delincuencia organizada
– Ciberataques
– Terrorismo
– Tráfico de personas
– Corrupción
Entrevista extraída de Vanguardia
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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