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México

Permiten que todas las empresas y gobiernos locales comprar vacunas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que toda empresa o Gobierno local que quiera comprar la vacuna puede hacerlo, y sólo hay un requisito: presentar la orden de compra con un laboratorio viable.

“Quiero adelantar que he dado instrucciones al Secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o Gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica”, anunció.

El mandatario afirmó que es para todos en general, tanto para el sector público como privado, por lo que insistió en que deben presentar el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada, “por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo, que se han autorizado en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar”.

“Esto último para que no haya duplicidades porque existe un plan nacional de vacunación. Nosotros vamos a cumplir con el compromisos de vacunar a todos los mexicanos. La vacuna es universal y gratuita. Estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas. Ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto y hemos decidido vacunar primero a los médicos y enfermeras de hospitales COVID”, señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que el segundo grupo prioritario en el plan son todos los adultos mayores, ya que se trata de una parte de la población vulnerable o con riesgo elevado de contraer la COVID-19.

“Queremos vacunarlos lo más pronto posible, antes de que termine marzo, en dos meses. Para eso tenemos ya compromisos de envíos de dosis suficientes y de ahí seguimos con quienes tienen menos de 60 años con enfermedades crónicas y también con maestros donde lo vaya permitiendo el semáforo hasta vacunar a todos, pero hay un orden”, subrayó.

Desde Palacio Nacional, aclaró que dio esta instrucción porque no quiere que se malinterprete que hay empresas con la intención de comprar vacunas “y no se les permite porque el Gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas”.

El Gobierno de México, país que lleva mas de 500 mil dosis aplicadas a personal de la salud, había prohibido hasta ahora a los gobernadores de los 32 estados comprar vacunas para no interferir en el plan de vacunación federal, que arrancó el 24 de diciembre pasado, ante la escasez mundial de fármacos.

López Obrador decidió este viernes autorizarlos para que el asunto “no se preste a la politiquería”. También dijo que “no hay ningún problema” si los gobernadores quieren llevar a cabo su propio plan de vacunación, aunque recordó que el Gobierno federal tiene un plan para que en 2022 estén vacunados los 130 millones de mexicanos.

Este anuncio del Presidente llega un día después de que la misma Secretaría de Salud federal se expresara en contra de descentralizar la vacunación en los gobiernos estatales, algunos de los cuales han sido muy críticos con el plan del Gobierno central.

“Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y entonces no hablamos de una estrategia de Estado”, dijo el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa.

Parte del sector privado también ha reclamado en las últimas semanas tener acceso a la compra de vacunas para su comercialización.

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) anunció a finales de diciembre contactos con la farmacéutica Pfizer para comprar su vacuna una vez se abra la venta del fármaco a las empresas.

A pesar de la autorización para que adquieran vacunas, López Obrador avisó a los gobiernos estatales y a las empresas que “no es fácil” comprar las vacunas “porque no hay producción suficiente en el mundo”.

Y recordó que en marzo el Gobierno federal prevé haber vacunado a todos los adultos mayores, por lo que la mortalidad caerá un 80 por ciento, estimó.

“Si en mayo o en junio consiguen la vacuna y quieren hacerlo (que lo hagan). Ya nosotros para entonces vamos a estar casi por terminar”, dijo.

México reportó el jueves su máximo diario de muertes, con mil 803, y el récord de contagios, con 22 mil 339, para acumular un total de 146 mil 174 decesos un millón 711 mil 283 enfermos desde el inicio de la pandemia.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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