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México

Todo esto pedía Arturo Zaldívar para su retiro como ministro

En medio de la confesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por pedir a Arturo Zaldívar, cuando era ministro presidente de la Corte, intervenir en procesos judiciales para influir en las decisiones de los jueces, se dio a conocer que el exintegrante del máximo tribunal de justicia intentaba asegurar un «retiro dorado».

Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, escribió en «Serpientes y Escaleras» de este 21 de febrero que Zaldívar «fue pillado y frenado en su intento de asegurarse un retiro dorado con cargo a los impuestos de los mexicanos».

«El exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confirmó ante sus antiguos compañeros que sus supuestas convicciones por la ‘austeridad’ y la no corrupción en el Poder Judicial fueron sólo banderas a modo que le permitieron acercarse al movimiento político del presidente López Obrador y a la campaña de Claudia Sheinbaum, a la que saltó cambiando la toga y el birrete por una aventura política en la que busca protagonismo y nuevo cargo», escribió García Soto en el texto «Zaldívar y su frustrado haber de retiro».

Pedía una pensión de 251 mil pesos al mes, asistentes, suburbans, gasolina…

De acuerdo con el texto de García Soto, «Zaldívar intentó engañar y sorprender a los ministros que fueron sus pares, solicitando que le aprobaran un ‘haber de retiro’«: Pedía que le autorizaran una pensión mensual de 251 mil pesos durante dos años y después 200 mil pesos mensuales de manera vitalicia.

«Pero no era todo lo que pedía, también 11 asistentes pagados por la Corte, 5 personas de servicio y 6 escoltas para su seguridad, además de 2 camionetas Suburban blindadas, cuyo mantenimiento y gasolinas sería cubierto también por el presupuesto de la Corte», escribió el periodista.

«De inmediato varios ministros hablaron con la presidenta Norma Piña para que se revisara la petición del exministro y se le negara lo que había pedido por considerarlo ‘ilegal’ y ‘excesivo'», apuntó García Soto.

Según el periodista, Zaldívar defendió «su retiro dorado» argumentando que su solicitud se basaba en el Acuerdo interno de la Corte de 2013, que establecía las bases para el «haber de retiro» de un ministro, y aseguraba que él sólo pedía lo mismo que se le otorgó en diciembre del 2021 al ministro Franco González.

«Pero resulta que el mencionado acuerdo de 2013 sólo establece como base del retiro para ministras y ministros un sueldo o pensión vitalicia del 80% del último sueldo cobrado (no de más del 100% como pedía Zaldívar) y solo tres trabajadores asignados para apoyo y la camioneta que utilizaba como ministro que, de solicitarla, deberá pagarla con opción a compra».

«Cuando las ministras y ministros objetaron sus excesivas peticiones, Arturo Zaldívar se sacó, literalmente de la manga, un ‘anexo’ al haber de retiro del ministro Fernando Franco González, en el que supuestamente se le habían entregado a éste todo lo que él pedía: es decir, sueldo del 100%, dos camionetas y 11 personas de apoyo. Pero la mayoría de los ministros dijeron desconocer ese ‘anexo’ y aseguró que cuando votaron el retiro de Franco no se les habló de ningún adendo ni se les dijo que estaban autorizando condiciones de retiro que diferían del citado acuerdo interno de 2013.

No sólo eran dos camionetas

Según García Soto, no sólo eran las dos camionetas, las 11 personas de apoyo y un sueldo mayor al que cobran los propios ministros en activo: «También pidió llevarse a su casa, de acuerdo con un documento oficial de la Dirección de Recursos Materiales de la SCJN, en poder de esta columna, el sillón ergonómico que utilizaba en la Corte, con un valor de 35 mil pesos, un nicho para bandera con todo y la bandera nacional incluido, 2 laptops marca Sony de 41 mil pesos cada una, 3 iPads con valor total de 40 mil pesos, 3 equipos de cómputo de escritorio que sumados valen 180 mil pesos, otro equipo portátil de cómputo de 22 mil pesos, una impresora láser a color valuada en 20 mil pesos, dos tablets con valor de 26 mil pesos cada una, otra computadora portátil de 34 mil pesos, una tablet más de 16 mil pesos y un iPad Pro de 29 mil pesos».

Todo eso le fue negado por decisión mayoritaria de los ministros.

Nunca hablé con jueces o magistrados, defendí al PJ: Zaldívar

El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar dijo que nunca ha hablado ni habló con ningún juez o jueza, magistrado o magistrada para sugerir o instruir sobre algún caso.

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que el expresidente de la Suprema Corte le «ayudaba», aseguró que él siempre defendió la autonomía del Poder Judicial.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar dijo que «nunca hablé o he hablado con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirlos en determinado caso».

Rechazó que durante su presidencia en la Corte hubiera alguna «injerencia indebida en el Poder Judicial Federal, ahí están las sentencias. Tengo mi conciencia completamente tranquila. Dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno e independiente».

Dijo que lo que sí hizo fue procesar las quejas del Gobierno y aseguró que defendió al Poder Judicial.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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