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Torturó y asesinó a más de 90 personas; ahora está libre

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Hace una década, Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias “El Grande”, fue detenido en Puebla. Él mismo admitió que durante sus años al servicio del narcotráfico, había secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas. Hoy, gracias a un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, se encuentra libre otra vez.

“El Grande”, apodado así por su fisonomía -1.98 metros y 115 kilos-, inició su carrera en las filas de la policía ministerial de Coahuila, cuando tenía 20 años de edad. En 1993 ingresó a la Policía Judicial Federal y fue asignado en Torreón, donde tejió alianzas con miembros del Cártel de Juárez.

Cuatro años después murió Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, y “El Grande” se volvió el representante del Cártel de Juárez en Coahuila, Durango y Chihuahua. La Procuraduría General de la República (PGR) lo consideró “el principal abastecedor de droga en la región”.

Según la PGR, “El Grande” trabajaba bajo el amparo del subprocurador Humberto Reséndiz, y tenía bajo su servicio a las policías municipales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

En esos años también libró una batalla sangrienta contra Los Zetas, quienes secuestraron y ejecutaron a su primera esposa. Aquel hecho desató una ola de violencia nunca antes vista en Durango y Coahuila. Una investigación vinculó al “Grande” con el asesinato de dos agentes federales y un empresario.

De acuerdo con los reportes oficiales, Enrique Villarreal fue reclutado por los hermanos Beltrán Leyva en 2006, el mismo año en el que inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, y en poco tiempo se convertiría en uno de los líderes del cártel.

En 2007, aparecieron en Ciudad de México las cabezas de dos empleados que trabajaban en una empresa de almacenamiento de carga aérea. Habían perdido medio tonelada de cocaína y “El Grande” se las cobró de esa manera.

Un miércoles 16 de diciembre fue abatido Arturo Beltrán Leyva durante un enfrentamiento con la Marina mexicana en una zona de lujo en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

En ese momento Héctor Beltrán Leyva, “El H”, le ordenó al Grande que asesinara a “La Barbie”, pues consideró que había sido él quien aportó los datos que permitieron a la Secretaría de Marina montar el operativo que desembocó en la muerte de su hermano. Ese período registró un crecimiento de muertes en Morelos, Guerrero y el Estado de México.

Edgar Millán, Omar Ramírez, Roberto Velasco, Igor Labastida y Edgar Bayardo, fueron los nombres que encabezaron la lista de policías asesinados por “El Grande”.

Finalmente, en 2010 la Marina lo agarró en el estado de Puebla.

Desde el momento de su detención ofreció información “a cambio de beneficios” que involucraba a senadores, diputados, gobernadores, generales y altos mandos de la policía. Aseguró estar al tanto de negocios de al menos USD 500,000,000.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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