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Torturó y asesinó a más de 90 personas; ahora está libre

Hace una década, Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias “El Grande”, fue detenido en Puebla. Él mismo admitió que durante sus años al servicio del narcotráfico, había secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas. Hoy, gracias a un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, se encuentra libre otra vez.

“El Grande”, apodado así por su fisonomía -1.98 metros y 115 kilos-, inició su carrera en las filas de la policía ministerial de Coahuila, cuando tenía 20 años de edad. En 1993 ingresó a la Policía Judicial Federal y fue asignado en Torreón, donde tejió alianzas con miembros del Cártel de Juárez.

Cuatro años después murió Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, y “El Grande” se volvió el representante del Cártel de Juárez en Coahuila, Durango y Chihuahua. La Procuraduría General de la República (PGR) lo consideró “el principal abastecedor de droga en la región”.

Según la PGR, “El Grande” trabajaba bajo el amparo del subprocurador Humberto Reséndiz, y tenía bajo su servicio a las policías municipales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

En esos años también libró una batalla sangrienta contra Los Zetas, quienes secuestraron y ejecutaron a su primera esposa. Aquel hecho desató una ola de violencia nunca antes vista en Durango y Coahuila. Una investigación vinculó al “Grande” con el asesinato de dos agentes federales y un empresario.

De acuerdo con los reportes oficiales, Enrique Villarreal fue reclutado por los hermanos Beltrán Leyva en 2006, el mismo año en el que inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, y en poco tiempo se convertiría en uno de los líderes del cártel.

En 2007, aparecieron en Ciudad de México las cabezas de dos empleados que trabajaban en una empresa de almacenamiento de carga aérea. Habían perdido medio tonelada de cocaína y “El Grande” se las cobró de esa manera.

Un miércoles 16 de diciembre fue abatido Arturo Beltrán Leyva durante un enfrentamiento con la Marina mexicana en una zona de lujo en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

En ese momento Héctor Beltrán Leyva, “El H”, le ordenó al Grande que asesinara a “La Barbie”, pues consideró que había sido él quien aportó los datos que permitieron a la Secretaría de Marina montar el operativo que desembocó en la muerte de su hermano. Ese período registró un crecimiento de muertes en Morelos, Guerrero y el Estado de México.

Edgar Millán, Omar Ramírez, Roberto Velasco, Igor Labastida y Edgar Bayardo, fueron los nombres que encabezaron la lista de policías asesinados por “El Grande”.

Finalmente, en 2010 la Marina lo agarró en el estado de Puebla.

Desde el momento de su detención ofreció información “a cambio de beneficios” que involucraba a senadores, diputados, gobernadores, generales y altos mandos de la policía. Aseguró estar al tanto de negocios de al menos USD 500,000,000.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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