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México

Trabajadoras sexuales de CdMx exigen frenar la extorsión de las autoridades y hoteleros

Unas 200 trabajadoras sexuales marcharon este sábado en Ciudad de México para exigir un alto a la violencia y a las extorsiones que padecen, así como demandar su derecho al trabajo.

En el marco del Día Internacional del Trabajo y con una movilización matutina que inició en el corredor de la zona de La Merced y que llegó hasta el Zócalo, las trabajadoras se manifestaron en pleno centro de la capital mexicana junto con otras organizaciones sociales.

“El objetivo de la marcha era exigir respeto y reconocimiento al trabajo sexual mediante el amparo que se ganó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que derogó un artículo de la Ley de Cultura Cívica y donde era una falta administrativa dedicarse a la prostitución”, dijo en entrevista con Efe Arlen Palestina, asesora jurídica de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, colectivo que promueve la marcha desde hace varios años.

Destacó que una cosa es la trata de personas “y otra cosa el trabajo sexual” y bajo ese amparo el oficio de las chicas se puede ver como “una actividad que les otorga el derecho a organizarse, acceder mejores situaciones laborales y a evitar extorsiones de distintos actores como autoridades y hoteleros”.

Además, la abogada dijo que están dadas las condiciones para que a las trabajadoras sexuales se les reconozca ante la Secretaría (Ministerio) del Trabajo, “como trabajadoras no asalariadas”.

“No estamos a favor de que se regrese a un control sanitario que violenta los derechos humanos y la dignidad de las compañeras, no estamos a favor del pago de impuestos y también decimos no a las zonas de tolerancia”, apuntó.

En la marcha, las trabajadoras sexuales exigieron también un alto a la extorsión y la violencia que viven.

A inicios de febrero, según estimaciones de la propia Brigada Callejera, la pandemia por coronavirus duplicó el número de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México.

La crisis generada por la COVID-19 regresa a las calles de la CdMx a trabajadoras sexuales retiradas
La organización señaló que mientras antes de la pandemia había unas 7 mil 700 trabajadoras sexuales, actualmente se estima que el número ascendió a 15 mil 200 tan solo en la capital mexicana, debido a las difíciles condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria.

El organismo detalló que de este aumento, 40 por ciento son mujeres que habían dejado el trabajo sexual pero que tuvieron que regresar a las calles; otro 40 por ciento son mujeres que comenzaron a raíz de la crisis; y el 20 por ciento restante representa a las que no están en un punto específico, es decir, caminan en vía pública buscando clientes.

En México, un estudio del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida) reveló que el 70 por ciento de las trabajadoras sexuales no tiene pareja, pero el 78 por ciento tiene hijos, por lo que se vuelve fundamental la búsqueda de mecanismos para apoyarlas.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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