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México

Tráiler con migrantes cruzó caseta en Chiapas frente a personal de Migración

Aunque las autoridades sostienen que no había ningún retén en la ruta que tomó un tráiler cargado con migrantes que se accidentó y dejó 55 muertos un video revela que cruzó una caseta de Chiapas frente a personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Un video del C5 del estado muestra que a las 15:14 h del pasado 9 de diciembre el tráiler cruzó una caseta por el carril número 7.

La grabación muestra que en la zona habían por lo menos dos unidades de Migración cuyo personal se dedica a revisar vehículos en busca del transporte de personas indocumentadas.

Dicha caseta se ubica a cinco kilómetros del sitio donde el tráiler se accidentó y le provocó la muerte a 55 migrantes, en su mayoría de origen guatemalteco.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, declaró que ya se tiene identificada la ruta del vehículo, pero que “en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez no hay ningún retén del INM”.

Durante la presentación de su tercer informe de labores el funcionario detalló que ya están identificados los presuntos responsables de la volcadura y que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, ya abrió carpetas de investigación.

Las declaraciones de Alejandro Encinas coinciden con las del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien expuso que el “vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tienen para rescate de migrantes”.

Visas humanitarias
El INM ofreció visas humanitarias a 27 migrantes que recibieron su alta médica tras la volcadura del tráiler en el que eran transportados de manera ilegal por territorio mexicano.

Al salir de los hospitales ubicados en el estado de Chiapas, la autoridad migratoria les proporcionó asistencia para regularizar su estancia en México, pero solamente cuatro —tres originarias de Guatemala y una de República Dominicana— aceptaron una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

En tanto, 20 optaron por regresar a sus lugares de origen, con la finalidad de reencontrarse con sus familias, y tres más permanecen hospedados a la espera de definir su regularización migratoria o retornar a su país.

Fuente: Noticieros Televisa y EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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