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México

Transformar PGR costará 1,440 millones de pesos

La transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República profesional, autónoma y sin parches legislativos costará 80 millones de dólares, equivalentes a mil 440 millones de pesos, y requerirá de cuatro años de constante trabajo supervisado por expertos nacionales e internacionales.

El dinero provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que calificó esta colaboración como “el proyecto, por su escala, más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, y su ejecución comenzará en los primeros meses del próximo año.

Así lo revela el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, entregó al Senado y que ayer fue notificado al pleno de los senadores.

Nuestro diagnóstico institucional indica que, a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en su encargo ha sido de menos de dos años. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con misión de largo plazo. Por ello, desde la PGR nos hemos propuesto terminar con esa improvisación”, indica el documento.

Así, durante el año que Raúl Cervantes encabezó la Procuraduría, se trabajó para sentar las bases que permitan transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia, bajo el sistema penal acusatorio; de alto reconocimiento social por su imparcialidad, objetividad y capacidad técnica; con un servicio de carrera que ofrezca a sus empleados un desarrollo humano integral y genere orgullo institucional, y que esos factores sean auto sostenibles”.

Las bases colocadas para esta transformación se apegan a las mejores prácticas internacionales; se creó el Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora de la Prestación del Servicio de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, para garantizar que el dinero invertido no se desvíe a ningún otro propósito y se garantice la transparencia, control, continuidad, estabilidad, aprovechamiento integral e imparcialidad.

Se ejecutarán Programas de Mejora, a partir de un Comité Técnico y un Consejo de Expertos Invitados “con capacidad para opinar sobre el diseño y ejecución de los Programas de Mejora, y que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control de calidad de los trabajos”.

Aclara que el perfil de los integrantes de este consejo es de “personas con amplio reconocimiento y reputación profesional y moral, con experiencia probada en la creación de instituciones públicas, prestadoras de servicios de alta complejidad y volumen, que se han mantenido eficientes e íntegras con el paso del tiempo o que tengan experiencia en la gestión de organizaciones de procuración de justicia bajo sistemas acusatorios”.

El documento añade que la PGR y la Secretaría de Hacienda analizaron formas de financiamiento de esta transformación y consideraron que la mejor opción es el BID, y, así, se acordó “crear un marco metodológico de ejecución de cuatro años, que permita dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico de la Arquitectura Institucional y de la estrategia de Administración del Cambio, entre otros.

Como primer paso, el BID autorizó cien mil dólares en fondos no reembolsables, para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre de 2017”, dice el documento; los 100 mil dólares equivalen a un millón 800 mil pesos, en función del tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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