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Política

Transición en el Gobierno Federal costará 150 millones de pesos

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Para apoyar la transición en el Gobierno federal serán utilizados 150 millones de pesos, los cuales ya se depositaron en un fideicomiso en Banjército con el fin de transparentar su uso, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El fideicomiso se constituyó en junio pasado y seguirá funcionando hasta el 30 de noviembre para hacer erogaciones y hasta enero de 2013 para su fiscalización.

Tales recursos están basados en lo dispuesto por el artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012 que especifica las labores y recursos de los que hará uso el equipo de transición.

Específicamente el fideicomiso por 150 millones de pesos será para apoyar al equipo de transición en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en el programa de Gobierno, para temas de seguridad, para pago de asesores y todo lo relacionado para permitir una transición ordenada.

Para iniciar este proceso de transición, la Secretaría de Hacienda está en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección presidencial y haga la declaración de presidente electo, para lo cual la fecha límite es el 6 de septiembre.

El comité técnico del fideicomiso lo integrarán tres funcionarios de la SHCP y dos representantes del presidente electo, y entre los cinco tomarán las decisiones sobre el uso y manejo de los 150 millones de pesos que el Congreso aprobó para la transición.

Además de los cinco miembros del comité técnico, habrá un representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en cada una de las sesiones del fideicomiso para supervisar y acompañar que todo se asigne conforme a la norma.

Asimismo, el manejo de los recursos del fideicomiso han sido incorporados a los lineamientos que emitió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para la transparencia de esta partida presupuestal.

Además, en la página en Internet del IFAI habrá una liga informativa en la cual el equipo de transición y el fideicomiso subirán la información sobre los rubros en los que se gastarán estos recursos, con lo que será «totalmente transparente y clarísimo para todo el mundo».

Cada gasto que se haga tendrá que tener su justificación y comprobación, y la SFP nombrará un despacho que audite el uso de los recursos a la par de las decisiones que se tomen.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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