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México

Tras las huellas de Javier Duarte en Costa Rica

El gobierno costarricense anunció que las huellas del paso por Costa Rica —en octubre de 2010— de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y ahora fugitivo, comenzaron a ser investigadas y evitó descartar la posibilidad de que el cuestionado político haya ingresado a ese país entre octubre y diciembre de 2016 con documentos falsos “y en forma irregular”.
Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, difundidos este viernes por el Ministerio de Seguridad Pública, mostraron que Duarte, en fuga desde mediados de octubre pasado e involucrado en un escándalo de corrupción política y enriquecimiento ilícito, ingresó el 7 de octubre de 2010 a suelo costarricense y salió al día siguiente.
En un informe entregado a EL UNIVERSAL, Seguridad Pública confirmó que “en estos momentos las autoridades costarricenses investigan a qué vino (Duarte) a nuestro país” hace más de seis años.
El ahora ex gobernador entró a Costa Rica por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad y el principal del país. “Permaneció un día en suelo costarricense y volvió a salir del país”, precisó el informe.
Pese a las versiones periodísticas, divulgadas en Costa Rica y México, acerca de que Duarte habría huido hacia territorio costarricense, Duarte no cuenta con registros migratorios recientes en esa nación, según los registros de Migración y Extranjería, “por lo cual se descarta que haya ingresado por algún punto legalmente habilitado”, puntualizó.
Sin dar detalles, Telenoticias, informativo del canal 7 de la televisión costarricense, reveló que datos de “inteligencia” en poder de autoridades mexicanas reportaron que se habría detectado que Duarte supuestamente activó un celular en la ciudad de Escazú, un suburbio aledaño a San José. Ninguna fuente oficial aportó nuevos elementos a esa revelación.
Desmentido. En conferencia, el ministro costarricense de Seguridad Pública, Gustavo Mata, dijo este viernes: “Queremos desmentir de forma oficial” las versiones periodísticas acerca de que Duarte está en Costa Rica. “Al ver los registros migratorios de ingreso a nuestro país y de salida, no aparece que en estos años haya ingresado”.
“Esto no implica”, aclaró Mata, que Duarte no haya podido “ingresar a nuestro país de forma irregular, con papeles falsos o por algún otro lado fronterizo, no utilizando su identidad o sus documentos”.
Por decisión del presidente Luis Guillermo Solís, Costa Rica “no se va a convertir en cuna o casa-habitación para sujetos que son buscados en otras localidades, donde se les persigue por alguna situación delictiva que se haya cometido”, advirtió.

Mata dijo que ordenó a oficiales de Migración que “si lo localizan, se me informe inmediatamente y que se deporte de igual forma” a México.
Nexos. El ministro reconoció que han investigado para verificar si Duarte está escondido en propiedades que el mexicano Vicente Benítez, diputado del PRI, tiene en ese país, pero tampoco se confirmó nada.
Benítez, casado en 2006 con la costarricense Mariela Núñez, es cercano a Duarte y ha hecho inversiones inmobiliarias y turísticas en Costa.
De acuerdo a las autoridades de inteligencia mexicana, Duarte se encuentra en centroamérica. Primero viajó a Guatemala y después en Costa Rica, donde su extesorero posee varaias propiedades.
En Guatemala le fue intercepatada una comuniciación suya a México. Se supo que estuvo en una casa rentada en la calle Cero B, colonia El Maestro en la zona 15.

Fuente: Debate

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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