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Tras las huellas de Javier Duarte en Costa Rica

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El gobierno costarricense anunció que las huellas del paso por Costa Rica —en octubre de 2010— de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y ahora fugitivo, comenzaron a ser investigadas y evitó descartar la posibilidad de que el cuestionado político haya ingresado a ese país entre octubre y diciembre de 2016 con documentos falsos “y en forma irregular”.
Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, difundidos este viernes por el Ministerio de Seguridad Pública, mostraron que Duarte, en fuga desde mediados de octubre pasado e involucrado en un escándalo de corrupción política y enriquecimiento ilícito, ingresó el 7 de octubre de 2010 a suelo costarricense y salió al día siguiente.
En un informe entregado a EL UNIVERSAL, Seguridad Pública confirmó que “en estos momentos las autoridades costarricenses investigan a qué vino (Duarte) a nuestro país” hace más de seis años.
El ahora ex gobernador entró a Costa Rica por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad y el principal del país. “Permaneció un día en suelo costarricense y volvió a salir del país”, precisó el informe.
Pese a las versiones periodísticas, divulgadas en Costa Rica y México, acerca de que Duarte habría huido hacia territorio costarricense, Duarte no cuenta con registros migratorios recientes en esa nación, según los registros de Migración y Extranjería, “por lo cual se descarta que haya ingresado por algún punto legalmente habilitado”, puntualizó.
Sin dar detalles, Telenoticias, informativo del canal 7 de la televisión costarricense, reveló que datos de “inteligencia” en poder de autoridades mexicanas reportaron que se habría detectado que Duarte supuestamente activó un celular en la ciudad de Escazú, un suburbio aledaño a San José. Ninguna fuente oficial aportó nuevos elementos a esa revelación.
Desmentido. En conferencia, el ministro costarricense de Seguridad Pública, Gustavo Mata, dijo este viernes: “Queremos desmentir de forma oficial” las versiones periodísticas acerca de que Duarte está en Costa Rica. “Al ver los registros migratorios de ingreso a nuestro país y de salida, no aparece que en estos años haya ingresado”.
“Esto no implica”, aclaró Mata, que Duarte no haya podido “ingresar a nuestro país de forma irregular, con papeles falsos o por algún otro lado fronterizo, no utilizando su identidad o sus documentos”.
Por decisión del presidente Luis Guillermo Solís, Costa Rica “no se va a convertir en cuna o casa-habitación para sujetos que son buscados en otras localidades, donde se les persigue por alguna situación delictiva que se haya cometido”, advirtió.

Mata dijo que ordenó a oficiales de Migración que “si lo localizan, se me informe inmediatamente y que se deporte de igual forma” a México.
Nexos. El ministro reconoció que han investigado para verificar si Duarte está escondido en propiedades que el mexicano Vicente Benítez, diputado del PRI, tiene en ese país, pero tampoco se confirmó nada.
Benítez, casado en 2006 con la costarricense Mariela Núñez, es cercano a Duarte y ha hecho inversiones inmobiliarias y turísticas en Costa.
De acuerdo a las autoridades de inteligencia mexicana, Duarte se encuentra en centroamérica. Primero viajó a Guatemala y después en Costa Rica, donde su extesorero posee varaias propiedades.
En Guatemala le fue intercepatada una comuniciación suya a México. Se supo que estuvo en una casa rentada en la calle Cero B, colonia El Maestro en la zona 15.

Fuente: Debate

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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